Administrar con eficiencia

Los manuales explican que los procesos de descentralización política tienen dos objetivos prioritarios: acercar las instituciones y administraciones a los ciudadanos y resolver cuando fuese preciso problemas de carácter simbólico. No es posible determinar con exactitud en que medida dichos fines formaban parte en unos casos del imaginario o de la realidad de los constituyentes, cuando diseñaron el singular modelo de descentralización español en 1978. La ambigüedad con que quedó redactado solo permite afirmar, como en otros asuntos, que la Carta Magna fue fruto del consenso entre varias opciones. Sin embargo, treinta y cuatro años después hay acuerdo en sostener que el actual tipo de Estado, llamado autonómico, no se corresponde con los modelos previstos y además es disfuncional.

Una de las ventajas de la vigente crisis, que no es solo económica, ha sido primero visualizar la omnipresencia del ámbito público, la multiplicación de normas e instancias administrativas, recursos humanos y gastos para afrontar una misma política. Poco a poco hemos descubierto y conocido la ingente y original ingeniería que ha ido absorbiendo y haciendo dependiente del ámbito público medios de comunicación, espacios de ocio y cultura (teatros, polideportivos) y un sinfín de “originales invenciones” que incluye parques temáticos.

Cuando se han acabado los recursos financieros y las deudas son muy elevadas, ha comenzado la ingente tarea primero de frenar dicha expansión que se ha fraguado a lo largo de varias décadas. Entre otras cosas, es menester que los cargos públicos asuman dicha realidad y pongan coto a la inercia, que influye mucho en la toma de decisiones políticas. A día de hoy sigue habiendo convocatorias de puestos en el ámbito público. Después hay que idear alternativas que permitan reducir y liquidar buena parte del inmenso entramado erigido. Ello significa además, limitar la influencia y el poder que los “partidos en los cargos públicos” han levantado. Dicha difícil tarea le corresponde esencialmente a los numerosos cargos públicos del partido Popular a quienes los ciudadanos han otorgado democrática y legítimamente sólidas mayorías en las urnas. Entre las dificultades y retos que han de afrontar los gobiernos populares, están las relativas a desmontar el entramado jurídico que ampara muchas de estas instituciones y órganos. El gobierno nacional ha dado ejemplo adelgazando estructuras ministeriales y organismos reguladores. Ahora corresponde a las Comunidades Autónomas hacer lo propio, aunque esta tarea requerirá mucha imaginación y fortaleza en aquellas que reformaron sus estatutos bajo la “hégira” de Zapatero, quién sostuvo que “el estado es un concepto discutido y discutible”. Los estatutos han otorgado carta de naturaleza estatutaria a instituciones costosas, como los defensores del pueblo y diversos consejos, cuyo coste es enorme en relación a su productividad y eficiencia. Valga como ilustración que el presupuesto del Justicia de Aragón en 2007 fue de 2.184.166 euros habiendo dedicado el 94% a personal, según la memoria de esta institución.

Otro reto inmenso de los responsables gubernamentales consiste en explicar a la sociedad la imposibilidad de garantizar la extensa gama de derechos, sin apenas deberes, incluidos en los correspondientes títulos de la tercera oleada de estatutos y plantear preguntas como: ¿Deben seguir organizando y financiando los ayuntamientos y Comunidades Autónomas festivales, conciertos, campeonatos y demás políticas públicas culturales, educativas no regladas, de ocio y deportivas? ¿Han de tener los gobiernos locales instituciones culturales, educativas y deportivas de carácter público como conservatorios, polideportivos, universidades propias? ¿Pueden tener los gobiernos (de 5 niveles territoriales) medios de información públicos?

En gran medida las respuestas se pueden encontrar en los planes y objetivos del Partido Popular, ya que el lema del compromiso de candidatos del PP a las elecciones del 22 de mayo de 2011 decía: “Mas sociedad, mejor gobierno”. En las dos campañas celebradas el pasado año, Rajoy sostuvo: “Es tiempo nuevo para que la sociedad vuelva a creer en sí misma, en sus capacidades”… “El coraje de hacer las reformas que necesita nuestra sociedad y la voluntad de llevarlas a cabo involucrando a la mayoría de la sociedad”. Obviamente hay muchos mecanismos e instrumentos para devolver el protagonismo a la sociedad, si ciertamente se asumen las proclamas antedichas y si la crisis sirve para que los gobiernos fomenten de hecho la puesta en marcha de un tipo de políticas culturales y deportivas de carácter “no público”. Desde una perspectiva cronológica vemos como estos días se suceden manifestaciones de sectores dinámicos y activos de la sociedad civil como las chirigotas, casales falleros y cofradías, que representan a personas que dedican buena parte de su tiempo libre, así como ingentes recursos materiales y espirituales para impulsar y poner en marcha actividades que transcienden a dichos grupos, ya que los comparten con la sociedad. Además existen asociaciones corales, de danza o teatro privado, así como organizaciones deportivas que también en mayor o medida ofrecen los resultados de sus actividades a los ciudadanos. Dicho de otra forma, se trata de políticas no públicas, financiadas esencialmente de forma privada, que debieran recuperar mayor protagonismo y reconocimiento por parte de los gobiernos, en detrimento de las políticas públicas culturales que habrían de replegarse no solo por razones financieras