opinión

Cada presidente autonómico, salvo alguna aislada excepción, ha organizado su Comunidad como un Estado de pitiminí, adornado, eso sí, por toda la parafernalia del poder. El craso error de Adolfo Suárez del “café para todos” ha encaramado en España a 17 jefecillos de Estado con sus palacios, sus gabinetes, sus servicios de Prensa y relaciones públicas, sus miríadas de asesores, su protocolo rimbombante, sus viajes a todo avión, sus gastos suntuarios, sus multiplicados escoltas, sus caravanas de coches blindados a 500.000 euros la pieza.

Un escándalo y una vergüenza, acentuados por el despilfarro en las televisiones autonómicas, que cada presidente ha creado para su gloria y botafumeiro. Más de 1.500 millones de euros deben ya los canales autonómicos, a pesar de la generosa financiación pública. Más de 10.000 trabajadores están empleados en ellos, pagados por los impuestos con que se sangra a los ciudadanos. Salvo excepciones, estos canales autonómicos no están al servicio del pueblo sino al servicio de la vanidad de los presidentes autonómicos, insaciables a la hora de recibir elogios y parabienes.

Está claro que la austeridad exige la privatización fulminante de los canales autonómicos, generadores de un torrente incesante de pérdidas. La iniciativa privada los convertiría en rentables. Años pasados, en cada ejercicio, Televisión Española perdía 100.000 millones de pesetas mientras Telecinco ganaba 35.000 millones de pesetas. Esta es la diferencia entre la empresa pública y la privada. Casi 700 millones de euros en subvenciones recibieron en 2007 los canales autonómicos, el doble que el año anterior. La situación clama a gritos la privatización del sector.