opinión

Ibarreche se está ganando a pulso la suspensión durante un tiempo de la Autonomía vasca. El artículo 155 de la Constitución existe para aplicarlo, para que el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, tome las medidas necesarias que impidan la acción anticonstitucional de una Comunidad Autónoma.

Ibarreche tiene derecho a defender y proponer la independencia del País Vasco, igual que un partido santanderino que así lo decida, la de Cantabria. Nadie debe ser perseguido por sus ideas. Pero la Constitución señala el procedimiento para la reforma territorial en su Titulo X. Y ese es el camino que debe seguir Ibarreche. Lo que ha anunciado que va a hacer es saltarse la Constitución a la torera, con desafío al Estado de Derecho. El texto constitucional prevé lo que el Gobierno puede y debe hacer para impedir el desafío.

Blair suspendió en más de una ocasión la autonomía irlandesa. Y no pasó nada. Zapatero podría hacer lo mismo con la Autonomía vasca, ateniéndose escrupulosamente a lo que señala la Constitución. Y tampoco pasaría nada.

Claro que mejor será no hacerlo. Claro que mejor es negociar y que Ibarreche dé marcha atrás. Pero si no lo hiciera, si persistiera en su propósito anticonstitucional, el Gobierno de España no puede mostrar la menor debilidad y, conforme a la Constitución, está en la obligación de actuar de forma contundente. No se trata de algo opinable. Es la obligación del Gobierno imponer que se cumpla la Constitución, ateniéndose escrupulosamente a su espíritu y a su letra.