opinión

El catalán un vaso de agua clara, firmado en el ABC verdadero por José María Pemán, fue el artículo auspiciado desde su exilio de Estoril por Don Juan de Borbón, que había dado clases del bellísimo idioma de Pla con varios profesores, entre ellos Carlos Sentís. Académicos, catedráticos, escritores, apoyamos entonces aquel texto de denuncia contra las tropelías de la dictadura en materia lingüística.

Me entristece comprobar que, desde hace al menos veinte años, los gobiernos de la Generalidad están haciendo lo mismo que hizo Franco pero al revés. La víctima ahora es el castellano. Estaba yo seguro que ni Carod Rovira ni Montilla cumplirían la sentencia del Supremo exigiendo que a los alumnos se les de la oportunidad de elegir entre el catalán y el castellano para sus estudios. Creí, eso sí, que lo harían enmascarademente, ladinamente.

Pero ni siquiera ha sido así. El gobierno catalán, quebrando el Estado de Derecho, ha optado por no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y no preguntará en qué idioma quieren los padres escolarizar a sus hijos. Sabe el tripartito que Zapatero no podría gobernar sin su apoyo y se aprovecha, hasta la náusea, de la debilidad zapateresca.

Pero el asunto está ahí en pie. El Tribunal Supremo ha sentenciado. El gobierno de la Generalidad no piensa cumplir la sentencia. El conflicto entre instituciones se ha hecho agria realidad. ¿Qué va a pasar? No es demasiado difícil despejar la incógnita. El Gobierno Zapatero encontrará un eufemismo para no obligar a sus socios de la Generalidad a someterse a la sentencia. Debería ser al revés. Pero el Estado de Derecho es para Moncloa, en estos momentos, el Estado que favorece los intereses partidistas del PSOE, al margen de los intereses generales de la nación.