opinión

Acatar las sentencias de los jueces no significa estar de acuerdo con ellas. Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid se ha cebado contra dos periodistas, Daniel Anido y Rodolfo Irago, fragilizando el artículo 20 de la Constitución que aprobamos los españoles en 1978 a través de la voluntad general libremente expresada. El señor Rodríguez Fernández, del que tengo excelentes referencias profesionales, no ha acertado en esta ocasión y los recursos ante tribunales superiores así lo demostrarán.

O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Si se está con la libertad de expresión hay que hacerlo con todas las consecuencias. Las informaciones difundidas por Irago y Anido forman parte de su derecho a la libertad de expresión. En este caso, además, de su deber, pues ambos son acreditados periodistas y, por lo tanto, administradores del derecho a la información que tienen los ciudadanos. Las listas que han hecho públicas no desvelan ninguna privacidad puesto que se refieren al PP, un organismo público. Bastante oscurantismo enmascara hoy a los partidos políticos para que, encima, se sancione judicialmente a los que se esfuerzan porque la opinión pública, cada vez más alarmada por la liviandad de nuestra clase política, conozca la realidad en la que nos movemos.

Estoy con Daniel Anido y con Rodolfo Irago. La libertad de expresión es el cimiento sobre el que descansa el entero edificio de la democracia pluralista. Con la SER se puede coincidir o se puede discrepar. Pero no es de recibo pretender silenciar a sus redactores a través de ambiguos procedimientos judiciales.