opinión

Julio Ariza es un hombre inteligente y un empresario sagaz. En torno a él terminará formándose un grupo mediático de gran importancia. Ariza es además muy simpático, rara avis en las relaciones empresariales. Todo esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Ariza ha sabido potenciar la revista Época que languideció en tiempos de Jaime Campmany, un excelente columnista y un mediocre director de publicaciones.

María Teresa Fernández de la Vega se equivoca al acosar jurídicamente a la revista Época, a su director y subdirectora, y, en definitiva, a Julio Ariza y su grupo mediático. Un gobernante debe respetar al máximo la libertad de expresión, cimiento sobre el que se asienta el entero edificio de la democracia pluralista.

Si la vicepresidenta del Gobierno Zapatero, que es mujer razonable y razonadora, no está de acuerdo con lo publicado en Época tiene medios de sobra para responder. Acudir a los tribunales es una fórmula de amedrantamiento y un acoso cierto a la libertad de expresión.

Resulta hasta grotesco que, por una cuestión discutible, la vicepresidenta del Gobierno proceda jurídicamente contra una publicación sólida pero minoritaria. María Teresa Fernández de la Vega dispone directamente de Televisión Española para responder e indirectamente del grupo Prisa. La fórmula que ha elegido erosiona el principio de libertad de expresión. Y así hay que decirlo. Así debemos decirlo los que hemos dedicado nuestra vida profesional a luchar en favor de la libertad de expresión, primero ante los atropellos de la dictadura y luego ante las maniobras de algunos representantes de la democracia.