opinión

La repulsa popular al dopaje es -lo ha sido siempre- completa. A la opinión pública le irrita de forma especial que la engañen en las pruebas deportivas. Que gane el mejor en igualdad de condiciones. Eso es sagrado. El dopaje altera la igualdad y hay que perseguir de forma implacable a los atletas que se dopan y a los médicos y sanitarios que organizan o amparan la aberración.

El Partido Popular cree que la operación Galgo, al margen de su realidad de fondo, es una maniobra de Alfredo Pérez Rubalcaba para desviar la atención de la opinión pública por el caso de los controladores. La terapia empleada por el Gobierno para atajar la huelga salvaje ha sido un éxito. El copresidente Rubalcaba ha quedado fortalecido por la habilidad demostrada durante los días del caos. Pero como la gran política consiste en prevenir no en curar, parece claro que el Gobierno ha sido incapaz de prever lo que iba a ocurrir. Pudo dominar previamente a los controladores y no lo hizo, por torpeza o dejadez.

Según el PP, para evitar que la opinión pública incidiera sobre esa torpeza gubernamental en la previsión de la huelga salvaje, el copresidente Rubalcaba desencadenó, el mismo día de la intervención de Zapatero en el Congreso de los Diputados, la operación Galgo, de seguro alcance mediático. El debate está servido. Hay razones para creer una y otra cosa. En todo caso, a ver quién es capaz de echarle un galgo a Rubalcaba. Corre más que nadie entre los que forman la tórpida clase política española.