La descentralización administrativa es, en sí misma, una buena cosa si se hace bien. En España se ha acertado en algunas cosas. En otras, los errores se han acumulado. Hemos creado a 17 jefecillos de Estado, la mayor parte de los cuales despilfarran el dinero público, gastan sin cesar, se endeudan sin rubor y se rodean de un ejército de asistentes, secretarias, asesores, escoltas, chóferes y toda una parafernalia de relaciones públicas, encabezada por la flota de automóviles blindados. Un escándalo. En algunas comunidades, su presidente vive en un palacio más suntuoso que el del Rey en la Zarzuela.
Y, claro, Miguel Ángel Fernández-Ordóñez se ha sentido obligado a denunciar el escándalo de las autonomías, el riesgo que ello supone para la economía española, el déficit que padecen, la deuda que las acosa, el derroche incontenible. “La mayoría de las comunidades -ha dicho el gobernador del Banco de España- dista de responder a la contención del gasto que se necesita”.
Además de los presupuestos disparatados, una buena parte de las autonomías han encontrado el gran chollo en las empresas públicas, donde colocan a sus familiares, amiguetes y simpatizantes. Y no es que las administraciones autonómicas se hayan contenido en el número de funcionarios. En 1977, había en España 600.000; ahora, más de 3.000.000, cuyos sueldos, vacaciones, seguridad social, jubilación y gastos generales pagamos entre todos.
El gobernador del Banco de España ha puesto el dedo en una de las llagas más dolorosas de España. Y tiene razón al proponer que el gasto máximo de las autonomías se regule por ley.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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