opinión

La opinión pública asiste atónita a la catarata de cifras abusivas que se derraman desde algunas Cajas, porque otras muchas como la Caixa son ejemplares. Varias de estas entidades, teóricamente sin afán de lucro, han enriquecido a sus directivos con sueldos e indemnizaciones de náusea. Las Cajas, en líneas generales, están dominadas por los partidos políticos que nombran a sus presidentes y también a sus consejeros. En demasiadas ocasiones los enchufados son gentes inexpertas que desconocen el negocio financiero y que se dedican a hacer préstamos a amiguetes y paniaguados. De ahí el desastre de algunas Cajas. Mientras nuestros Bancos han demostrado solidez en el concierto internacional, el tejido financiero español se ha fragilizado a causa de las Cajas.

Si a la mala gestión derivada de la inepcia, que ha arruinado a algunas de esas entidades, se une el desaforado despilfarro en sueldos e indemnizaciones, el escándalo está servido. Es muy difícil explicarle a un ciudadano medio que el director de una Caja gallega, ahora nacionalizada, se adjudicó una indemnización de 10 millones de euros. O que la directora de una caja alicantina se aseguró de forma vitalicia una indemnización de cerca de 400.000 euros anuales.

Los abusos han sido tan enormes que a Mariano Rajoy le corresponderá aprobar una legislación que embride a las Cajas y las instale por ley en la racionalidad. Lo que ha ocurrido en algunas de estas entidades es, en última instancia, un abuso más de la clase política, de los partidos políticos, considerados hoy por la opinión pública como el tercero de los diez grandes problemas que atosigan a los españoles.