opinión

Hay cien razones para afirmar que tanto a España como a Venezuela les conviene mantener buenas relaciones. La prudencia y el buen sentido exigen abordar sin extremismos ni aspavientos las gravísimas acusaciones contra el presidente Chávez, derivadas de una investigación judicial minuciosa. Se acusa al mandatario venezolano de que en su territorio se adiestran terroristas etarras con consentimiento y protección del Gobierno de Venezuela.

Para mayor escarnio, el embajador de Chávez en España se permitió, en declaraciones públicas, acusar a la Justicia española de someter a tortura a los terroristas que afirmaron ante el juez que habían recibido adiestramiento terrorista y protección en Venezuela.

La respuesta del Gobierno español debió ser inmediata y rigurosa. No se trataba de romper relaciones diplomáticas a pesar de la gravedad del asunto. Sí de convocar al embajador venezolano en el Ministerio español de Asuntos Exteriores para exigirle una explicación. Sí, de conminar al presidente de Ve-nezuela a que anunciara una investigación con control internacional de lo ocurrido en su país.

Nada de eso se ha hecho. El embajador se ha ido de rositas tras abofetear a la Justicia española. Y la ambigüedad y la palabrería han presidido la reacción del presidente Chávez. La opinión pública española está atónita, el ciudadano medio indignado. No se comprende el indecente pasteleo al que Zapatero está entregado con Chávez. En un caso de máxima gravedad, la política del presidente del Gobierno español consiste en echar tierra sobre el asunto y pasar página.