En 800 de las 900 mezquitas que hay en España se predica sin extremismos la doctrina coránica, admirable construcción espiritual de paz y concordia. Un centenar de esas mezquitas que acogen el culto islámico se dedican, sin embargo, a lanzar mensajes de violencia. En un excelente editorial, el diario El Mundo afirmaba: “En más de un centenar de escuelas coránicas en nuestro país se difunden ideas de odio a Occidente, se inculca la discriminación a la mujer y se justifica la violencia para imponer el islam”.
En un Estado laico, como el español, debe existir el derecho a la libertad religiosa pero siempre dentro de la Constitución y de las leyes derivadas de la voluntad general libremente expresada. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de estudiar hasta qué punto puede producirse violación de las leyes españolas en lo que se enseña en determinadas mezquitas, asunto al que vengo dedicándole canelas finas desde hace diez años. Tras la salvajada del 11-M esa vigilancia de los fiscales debió reactivarse e intensificarse. No ha sido así. Zapatero anda entretenido con su juguete de la Alianza de las Civilizaciones y no quiere enturbiar el proyecto que acordó con Turquía. Predicar la violencia armada o imponer por la fuerza determinadas cuestiones como el velo o el burka, requiere un análisis detenido. La invasión de la catedral de Córdoba por un grupo de fundamentalistas islámicos ha sido sólo un botón de muestra de lo que puede ocurrir.
Ah, ¿y a qué espera el Gobierno para exigir reciprocidad? Si España autoriza a Arabia Saudí a construir una mezquita en Granada, ¿por qué no exige que Arabia Saudí permita la construcción de un templo católico en Ryad a la orden religiosa española que así lo desee?
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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