opinión

Por dos veces, que yo recuerde, el Tribunal Supremo ha estado en la frontera de querellarse contra el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. El Rey, al que corresponde constitucionalmente el arbitraje y la moderación entre las instituciones, y la callada labor del magistrado Pascual Sala, con su callada labor, impidieron que se encendiera públicamente el conflicto.

Tiene razón el Supremo. El Constitucional no es un tribunal superior de casación. Debió ser una sala del Supremo. Nació para decidir en caso de confrontación entre el Congreso de los Diputados y los Parlamentos regionales. Poco a poco ha ido aceptando los más pintorescos recursos y tomando decisiones que no le correspondían porque los magistrados del Constitucional, muchos de los cuales no son de carrera, se regocijaban enmendando la plana a los que han dedicado su vida entera al ejercicio de la Justicia.

En su Memoria anual, el Tribunal Supremo ha criticado con insólita dureza al Constitucional, recordándole que es sólo “un garante constitucional”, no el “órgano superior en todos los órdenes”. Esa característica es la que define al Tribunal Supremo.

Quieren los magistrados del Supremo que se clarifique la situación y que se establezcan las adecuadas fronteras jurisdiccionales. Callan por prudencia el fondo de la cuestión: el Tribunal Constitucional está profundamente politizado, hace lo que le ordena el partido que lo domina, y eso le ha sumido en un desprestigio creciente. El Constitucional no es en estos momentos un verdadero tribunal de justicia. Es un órgano político, manejado por los políticos, al margen de la independencia que debe presidir la administración de la Justicia. Y el Supremo no parece dispuesto a que siga casando sus sentencias por intereses políticos. Cualquier día nos encontraremos con el gran escándalo: la Sala de lo Penal del Supremo se querellará contra el Tribunal Constitucional.