La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Rodrigo de Santos, exteniente de alcalde del PP en Palma de Mallorca. Acusa al edil de malversación de caudales públicos por el abono de unos 50.000 euros en clubs de alterne para gays, cantidad pagada con una tarjeta de crédito del Ayuntamiento.
A la espera de la decisión del juez, el ciudadano medio asiste atónito a la proliferación de casos de corrupción de las tres Administraciones en las que se malversa el dinero de los impuestos para satisfacción personal o enriquecimiento de los políticos. La mayor parte de la clase política es seria, honrada y constructiva. Pero no son pocos los casos de corrupción y la gente no olvida que hasta el gobernador del Banco de España fue encarcelado por corrupción en tiempos de Felipe González.
La voracidad de la clase política, amparada por la ley, asusta. Disparan con pólvora del rey y despilfarran sin tino. Hemos pasado de 600.000 funcionarios en 1976 a 3 millones en 2007, con gastos incontables: salarios, seguridad social, calefacción, aire acondicionado, dietas, viajes, almuerzos de trabajo, luz, teléfono y un etcétera inacabable. En sólo treinta años, el presupuesto del Estado se ha multiplicado por casi 60: de 6.000 millones de euros a 349.215 millones. Los presidentes de las Autonomías se lo han montado a lo grande, como si fueran jefes de Estado con sus palacios, secretarias, gabinetes, asesores, escoltas, parafernalia publicitaria. El fasto y el derroche se identifican con una clase política pagada con los impuestos casi confiscatorios que sufren los ciudadanos. El caso de Rodrigo de Santos es un botón de muestra irritante pero menor de una clase política que, al menos en una parte considerable, está dispuesta cínicamente a arramplar con todo.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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