opinión

Hace dos años, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como gobernador del Banco de España, exigió al Gobierno la reforma laboral. El presidente Zapatero le tildó de catastrofista y aseguró urbi et orbi que no rozaría uno sólo de los derechos de los trabajadores, que antes muerto que modificar su política social.

Dos años después, la Unión Europea ha exigido a Zapatero la reforma laboral que anticipó Fernández Ordóñez. El presidente la ha decretado sin conseguir adhesiones ni políticas ni sindicales. Es un texto confuso, ambiguo, impreciso, una declaración de intenciones de quien está desbordado por la situación, en gran parte por él desencadenada.

Zapatero está haciendo lo contrario de lo que le gustaría hacer. Si no estuviéramos en el euro nos habría conducido ya a un corralito argentino y el dólar nos costaría más de 500 pesetas. Por eso las medidas que el presidente circunflejo toma presionado por Europa las pone en marcha con la boca chica, aterrado ante una huelga general que barre su prestigio de izquierdista radical.

La reforma emprendida por Zapatero tiene, en todo caso, más aspectos positivos que negativos y la realidad económica española aconseja apoyarla. Nuestra nación no sólo precisa de abaratar el despido, de congelar las pensiones, de privatizar las empresas públicas como pide Fernández Ordóñez, que son feudos de paniaguados y amiguetes del poder político. Lo que precisa España es abaratar el empleo y eso se ha empezado a hacer tímidamente con los funcionarios. Es necesario que alguien le diga a los españoles que hemos vivido en los últimos años un 20% por encima de nuestras posibilidades y que sólo se saldrá de la crisis trabajando más y ganando menos.