opinión

El debate de las elecciones gallegas y vascas se ha desviado a los problemas de corrupción y espionaje que el PP padece en Madrid y Valencia. En lugar de hablar del desastre de la gestión económica, del paro asfixiante, de los horizontes oscurecidos, los políticos gallegos y vascos se lanzan como armas arrojadizas los casos que encizañan la política madrileña y valenciana. El juez Garzón ha hecho un excelente servicio a su partido, el PSOE. Y ello sin entrar en lo fundamental: la fragilización del PP en la Comunidad madrileña. El gran objetivo de Zapatero para las próximas autonómicas y generales es vencer en Madrid. A Esperanza Aguirre le costará mucho que cicatricen, antes de elecciones, las heridas que le han abierto en canal.

A las dos horas de que Garzón iniciara el procedimiento que hoy nos ocupa, Mariano Rajoy debió saltar sobre la yugular del juez para recusarle, cosa que ha hecho bien pero tarde. Los presuntos delitos de corrupción y espionaje hay que perseguirlos hasta el final y caiga quien caiga. Pero no corresponde a Garzón la instrucción de semejante procedimiento contra el PP. El juez estrella fue el número 2 de Felipe González en las listas electorales. El líder socialista le nombró Secretario de Estado de su Gobierno y el juez disputó ansiosamente la titularidad del ministerio de Justicia a Juan Alberto Belloch. En cualquier procedimiento contra el PP, Garzón es juez y parte. Rajoy no ha sabido permeabilizar a la opinión pública con el colosal escándalo de la instrucción del juez Garzón, en presunta connivencia con el ex ministro y cazador furtivo Bermejo, al servicio de los intereses del PSOE. Todavía está a tiempo de desplegar las armas que el Estado de Derecho pone a su disposición para desbaratar, aunque tarde, la tropelía judicial que tanto ha beneficiado al presidente Zapatero.