opinión

El ministro de Justicia ha vulnerado la ley, según él mismo ha reconocido. No debería seguir un minuto más al frente del ministerio.

Bermejo es un cazador furtivo convicto y confeso. Lo de menos ya, siendo importante, es averiguar quién le paga las cacerías en las que se reúne con el juez Garzón. Lo de más es que ha infringido preceptos legales y que no hay, en este caso, presunción de inocencia. Es culpable. Sin la menor sombra de duda. Bermejo es un cazador furtivo. El peso de la ley debe caer sobre el ministro de Justicia. Una comisión parlamentaria tendría que investigar a fondo lo que ha hecho.

Por otra parte, la maniobra que beneficia a Zapatero puesta en marcha por el juez Garzón y el ministro Bermejo se desinfla. Está claro que no hay financiación ilegal del PP como en su día la hubo del PSOE. Todo se reduce al choriceo de algunos cantamañanas que merodean en torno al poder. La presunta imputación a Camps es una risa. Cada vez está más claro que asistimos a una operación política para fragilizar la posición del PP en Madrid, y de carambola en Valencia, y que eso permita al PSOE ganar las elecciones autonómicas en la Comunidad madrileña.

Se trata de un asunto turbio pero habitual en las luchas políticas. Ocurre en todas las naciones democráticas. Lo que no parece de recibo es que quien instruya el procedimiento sea un juez que se presentó de número 2 en Madrid en las listas del PSOE, que fue Secretario de Estado en el Gobierno de Felipe González, que aspiró abiertamente a convertirse en ministro y que ahora procede judicialmente contra el partido rival en las elecciones a las que él se presentó. Estamos ante un escándalo colosal. El PP ha recusado al juez. Ha hecho bien, pero ha procedido tarde porque el daño está hecho, al menos en gran parte. Juristas avezados sostienen que el PP debe poner en marcha un procedimiento para juzgar a Baltasar Garzón por prevaricación.