opinión

En 1977, los españoles pagábamos los sueldos de 700.000 funcionarios públicos. En 2011 hemos sufragado los sueldos, dietas, gastos de oficina, calefacción, aire acondicionado, limpieza, mantenimiento, vacaciones, puentes y enfermedades de 3.200.000 personas, una parte considerable de ellas incorporadas a dedo por los partidos políticos y los sindicatos a las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal. Durante los últimos treinta años los partidos políticos y los sindicatos se han convertido en agencias de colocación para enchufar en las Administraciones a parientes, amiguetes y paniaguados. Un escándalo de grandes proporciones.

Agotadas en gran parte las posibilidades de seguir abusando de las Administraciones, la clase política y la clase sindical se han inventado infinidad de empresas públicas -unas 4.000 aproximadamente en los cuatro niveles administrativos- la mayor parte innecesarias, casi todas deficitarias, en las que se ha seguido enchufando a los protegidos de los partidos y los sindicatos con mejores sueldos. Otro escándalo mayúsculo.

Aún más. No conseguimos saber el número total de liberados sindicales ni tampoco el de los empleados de los partidos políticos y los sindicatos. Se ha adelantado la cifra de 600.000 entre centrales sindicales, patronales y partidos políticos. 600.000 personas cuyos sueldos pagamos al 90% entre todos los españoles.

El Gobierno Rajoy ha tomado ahora tímidas medidas para cercenar la desmesura de unas empresas públicas, subvencionadas con el dinero de todos, controladas hasta la náusea por los sindicatos y cuyo motivo principal de existencia es ser receptoras de los compromisos laborales de los partidos políticos y las centrales sindicales. Hay que aplaudir el propósito marianista, no sin añadir que las medidas adoptadas resultan insuficientes.