La comunidad autónoma catalana debe, en números redondos, 25.000 millones de euros; Valencia, 15.000 millones; Andalucía, 11.000 millones; Madrid, otros 11.000 millones; Canarias y Baleares se despachan con cerca de 4.000 millones cada una; Castilla la Mancha se encarama también hasta los 4.000 millones; Castilla-León y el País Vasco soportan los 3.000 millones cada autonomía.
Total: las comunidades autónomas engordan la deuda del Estado en la cifra desmesurada de 100.000 millones de euros, a los que hay que sumar la acumulada por los ayuntamientos: 30.000 millones de euros, más la de las diputaciones y cabildos, que sobrepasan los 6.000 millones.
El despilfarro del dinero público desborda al Gobierno y concierne a todos los partidos políticos en el poder. Es un escándalo mayúsculo. Todos disparan con pólvora del rey y derrochan el dinero que extraen de los impuestos con que sangran a los ciudadanos españoles.
Nadie en España ha sido capaz, no ya de embridar, ni siquiera de exigir con seriedad la reducción del endeudamiento de comunidades y ayuntamientos. Han tenido que descargarse las exigencias europeas para que, con la boca chica, se haya empezado a contener la hemorragia, además de imponer una reforma laboral que nos devuelva al camino de la sensatez. El diagnóstico y la terapia son bien sencillos. Estamos gastando el 30% más de lo que podemos. Y es imprescindible equilibrar nuestras cuentas si no queremos que estallen en pedazos las costuras de la economía española.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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