opinión

Alberto Ruiz Gallardón, conforme a las instrucciones de Mariano Rajoy, le ha dado un cachete a Alfonso Guerra y ha resucitado a Montesquieu. A partir de ahora los jueces, según ha afirmado durante su intervención en el Congreso de los Diputados, elegirán al Consejo del Poder Judicial sin votaciones parlamentarias que politizaban abiertamente la administración de la Justicia y ofendían su independencia.

A pesar de la agria reacción comunista, solo elogios merece la restauración del sentido común en el mundo de la Justicia. Ha acertado de pleno Mariano Rajoy y con él su ministro Ruiz-Gallardón. Ni el poder legislativo ni el judicial deben depender del ejecutivo. La división de poderes garantiza el ejercicio de una democracia plena. Si eso no fuera así nos instalaríamos en una suerte de dictadura democrática. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en otras naciones de libertades consolidadas, se entendió muy bien la cuestión y cristalizó un poder judicial independiente.

Resuelto el problema del Consejo del Poder Judicial es necesario abordar la situación del Tribunal Constitucional, cuya politización ofende a la administración de la Justicia en España. Aunque lo mejor sería transformar el Constitucional en una sala del Supremo, existen varias fórmulas para que los magistrados del TC puedan actuar con independencia, ajenos a las presiones políticas que hoy les atosigan. Hay que esperar que Rajoy y Gallardón acierten en la remodelación de un Tribunal clave en la vida española. No me parece tarea fácil.