opinión

Dirigentes moderados del PP han manifestado su preocupación por lo que consideran el uso ilícito del censo por parte del PSOE para captar votos del extranjero.

Las cifras no son menores, 1.200.000 españoles que viven en el extranjero tienen derecho a votar y podrían dar un vuelco al resultado que se presume cada vez más estrecho. En las generales del año 2004, el 43% votó al PP y el 37% al PSOE.

La desfachatez que caracteriza la gestión de Zapatero abona la preocupación por las irregularidades que hayan podido cometerse. Es muy difícil el control del voto de los que residen fuera de España. Zapatero Romero Robledo ha intentado comprar el voto de las madres parturientas, de los jóvenes que buscan piso, de los beneficiarios del PER, de los pensionistas. En el PP temen que se hayan producido operaciones subterráneas para, con el dinero de todos, intentar el trasvase al PSOE de la mayoría de los votos de los residentes fuera. Los servicios jurídicos del PP se han planteado denunciar a Zapatero ante la Junta Electoral Central por haber utilizado irregularmente el censo, remitiendo propaganda electoral antes del comienzo oficial de la campaña. La carta enviada por el presidente ha llegado antes que la del INE.

La impresión general es que los socialistas, cada vez más preocupados por el resultado final, van a defender con uñas y dientes sus posiciones. Todo menos perder el poder. Lo que ocurre es que en una democracia plena como la española, las trampas y los abusos resultan muy difíciles porque existen controles y recursos suficientes, incluso para evitar operaciones tan complejas como el fraude del voto desde el extranjero.