opinión

La reforma de la ley electoral significa para los socialistas ampliar su cesta de votos. Lo lógico sería establecer, como en Francia, este principio: “quien gana, gobierna”, al menos en Ayuntamientos y Comunidades. Para las elecciones generales, en tanto no se reforme la Constitución, habría que acentuar la ley d’Hondt, como se ha hecho en Grecia, con el fin de garantizar en lo posible mayorías suficientes sin que los grandes partidos tengan que someterse al chantaje de los pequeños, que en el caso español son las agrupaciones nacionalistas, de insaciable voracidad.

Pues no. La reforma que ha anunciado hoy María Teresa Fernández de la Vega no atiende al bien común de los ciudadanos sino al bien del PSOE. El que paga impuestos, que vote, ha dicho la vicepresidenta. Denuncié la maniobra hace tres años, porque el periódico entonces adicto deslizó en un editorial la gran consigna: el que cotiza, vota. Se trata de introducir en el cesto electoral el mayor número posible de inmigrantes. De ahí la vasta operación de legalización que indignó a Europa.

En 1982, España era un país de izquierdas. En el año 2000, nuestra nación se había situado ya en el centro derecha. Como en otros países europeos, la crecida del nivel de vida, y también del educativo, había hecho girar a la sociedad hacia posiciones de centro derecha, que son ya las habituales en la Europa del oeste, entre otras razones porque socialismos y socialdemocracias han virado a estribor. En el PSOE se dieron cuenta de que la única forma para devolver el electorado a la izquierda es el voto inmigrante, pues catástrofes como la del 11-M no se pueden repetir de forma sistemática. Y en eso estamos. Madrid, faro de las Españas, es, hoy por hoy, inalcanzable para el PSOE. Por eso quiere introducir en el censo electoral a 300.000 inmigrantes. Estima Zapatero, no sin razón, que el 80% de esos sufragios irán a la izquierda socialista o a la extrema izquierda comunista.