opinión

Pero claro que es necesario reducir el número de los empleados públicos desde la cifra asoladora de 3.200.000 a los 600.000 razonables. Pero claro que hace falta un plan minucioso para evitar duplicidades burocráticas. Pero claro que resulta imprescindible disminuir el número de empresas públicas de 4.000 a 200. Pero claro que hay que establecer cifras de déficit y deuda para los ayuntamientos y las comunidades. Pero claro que los 17 Estados de pitiminí que hemos creado deben renunciar a palacios y suntuosidades, a viajes gratis total y a embajadas costosísimas, para convertirse en discretos gobiernos autonómicos.

Pero claro que Rubalcaba tiene razón y que sobran las diputaciones provinciales y sus sucedáneos. Es un despropósito mantener cuatro administraciones: la central, la autonómica, la provincial y la municipal. Las tareas que desempeñan las diputaciones deben ser asumidas por las comunidades autónomas. Algunos partidos políticos quieren mantener la camelancia porque eso les permite disponer de más puestos para colocar a sus paniaguados, a sus parientes y amiguetes. La política se está convirtiendo en un negocio y los partidos en agencias de colocación. Es una incongruencia la crecida de las Administraciones con perjuicio general para todos, igual que ocurre con las empresas públicas.

El ciudadano medio tiene ya conciencia de los abusos de los partidos y del despilfarro de las cuatro Administraciones que padecemos. Por eso la clase política, que debería ser la solución, se ha convertido en el tercero de los diez grandes problemas que agobian a los españoles.