Por razones de todo tipo, también fiscales, resulta razonable que se hayan legalizado las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Otra cosa es que a esas uniones se les llame matrimonio, lo que está contra la etimología y la tradición. Pero así ha sido y así hay que aceptarlo.
En España hay 11 millones de parejas casadas. Al levantarse la veda para las uniones entre homosexuales, y teniendo en cuenta que ellos proclaman formar el 10% de la población, se deberían haber producido más de un millón de matrimonios de gays y lesbianas. No ha sido así a pesar de la parafernalia publicitaria con que Zapatero celebró su decisión. Frente a las 172.540 bodas heterosexuales en el año 2009, las uniones homosexuales apenas sobrepasan las 3.000. Y del millón de “matrimonios” a los que debieron acudir con entusiasmo los homosexuales tras aprobarse la ley Zapatero, apenas 12.000 se acogieron a la merced zapateresca.
Pero lo más interesante de esas 3.412 bodas homosexuales de 2009 es que, en casi el 40%, hay un extranjero, hay un inmigrante. Las autoridades sospechan con criterio por demás razonable que en una abrumadora mayoría de casos se trata de picaresca para conseguir la legalización del inmigrante.
La oposición, que dormita en los laureles, no ha reclamado información parlamentaria precisa sobre una situación que ha despertado justificada alarma. La ley Zapatero, a cuyo cobijo se han amparado solamente diez o doce millares de parejas homosexuales, puede convertirse en un coladero para legalizar la inmigración ilegal.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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