opinión

Es lamentable para la independencia judicial que la muerte de un magistrado del Tribunal Constitucional altere las decisiones sobre una cuestión trascendente como es el Estatuto de Cataluña. La opinión pública asiste estupefacta a la politización de una parte de la Justicia. La venda ha caído de los ojos y las altas decisiones de la Justicia dependen del juego de los partidos políticos. Tenía razón Alfonso Guerra y hemos enterrado a Montesquieu.

El Tribunal Constitucional nació politizado y el caso Rumasa lo demuestra de forma espectacular. Después, no pocos de los magistrados elegidos a dedo se han dedicado a aceptar recursos que no correspondían al Constitucional, pero que permitían enmendar la plana al Supremo. Al menos en dos ocasiones una Sala del Supremo ha estado al borde de querellarse contra el Constitucional. Los buenos oficios del Rey que, por mandato de la Constitución, debe ejercer el arbitraje y la moderación entre instituciones, evitaron el deprimente espectáculo de un enfrentamiento público entre los dos tribunales mayores.

La politización del Constitucional es un hecho incontrovertible. El alto tribunal da la sensación desde hace muchos años de que no sentencia, conforme a la Justicia, sino que sigue los dictados del partido que lo controla. La súbita muerte de García-Calvo balancea el Tribunal en favor de las tesis del Gobierno. Pero eso es lo de menos. Lo de más es que habrá que meter el bisturí y ordenar de otra forma la Justicia porque no es de recibo en una democracia plena que padezcamos, y de forma tan notoria, la politización del Tribunal Constitucional.