opinión

Monseñor Uriarte se merece respeto por su gran obra pastoral mantenida a lo largo de muchos años. No reconocerlo así significaría perder la objetividad.

Dicho esto, no es de recibo que un obispo de la Iglesia Católica cuestione el Estado de Derecho. Monseñor Uriarte puede abogar por el diálogo con la banda terrorista, lo cual es bien discutible. Lo que no puede hacer es afirmar que no se deben “solventar las sensibles diferencias políticas” mediante “la simple aplicación de la ley”.

El despropósito episcopal es de tal calibre que devasta el entero Estado de Derecho. Justamente “la simple aplicación de la ley” es lo que distingue a una democracia plena de una dictadura. Nadie negará que la ley es reformable conforme a la voluntad general libremente expresada. Pero mientras se encuentre en vigor es la ley y la deben cumplir los ciudadanos y, conforme a ella, sentenciar los jueces. A los terroristas hay que aplicarles la ley desde el Estado de Derecho, con todas las armas y las garantías del Estado de Derecho, sin salirse del Estado de Derecho. No es de recibo que se apliquen fórmulas como el Gal ni tampoco que se negocie políticamente, de tú a tú, entre el Gobierno y Eta, al margen de lo que exige la ley.

Es de esperar que monseñor Uriarte aparte a un lado la soberbia, pecado capital, y rectifique la atrocidad que ha dicho públicamente. El obispo si no quiere apartarse de la enseñanza cristiana debe reconocer que “la simple aplicación de la ley” es lo que sustenta el Estado de Derecho y la sola fórmula razonable para terminar con los terroristas y restablecer la paz.