opinión

El Estado ingresará, en el año 2011, 106.000 millones, extraídos de los bolsillos de los españoles por la mano confiscatoria de los impuestos. Con esa cantidad fabulosa bien gastada, España se situaría en la vanguardia del mundo.

No será así. Entre los intereses de la deuda acumulada por Zapatero y el subsidio de desempleo, un 40% de esos 106.000 millones de euros se habrá diluido. El presidente dadivoso debe pagar a cerca de 5.000.000 de parados y satisfacer los altos intereses de una deuda agobiante, que sigue creciendo como la verborrea de Trinidad Jiménez. A esa realidad terrible hay que añadir el suculento renglón de los 3.000.000 de funcionarios, cuando en 1977 había 600.000, y el derroche en el gasto suntuario de la mayor parte de los ministerios.

A Zapatero y Salgado no les queda otro remedio que atajar el déficit público porque así se lo exigen las potencias europeas, sobre todo Francia y Alemania. Me aseguran algunos expertos que ese es el aspecto positivo de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Se reducirá el déficit público en el camino por alcanzar el 3% máximo que exige la Unión Europea. En cambio, las previsiones gubernamentales sobre el PIB no se cumplirán.

Eso sí, a los partidos políticos que no les falte de nada. Son ellos los que deciden en el Congreso la subvención a recibir y en 2011 alcanzarán su récord. El cinismo de Rajoy, Zapatero, Duran Lleida, Llamazares y otros cómplices no tiene límites. Los sindicatos, por su parte, aunque con escasas partidas precisas, arrancarán de la debilidad de Zapatero las subvenciones directas o indirectas que les permitan continuar con el despilfarro, puesto de manifiesto en la campaña de la inútil huelga general.