opinión

La primera escaramuza entre el Gobierno Zapatero y la Iglesia Católica ya se ha producido con la intervención de la vicepresidenta anunciando reformas en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El diario “El País” se ha lanzado en tromba a apoyar la iniciativa, a pesar de considerarla timorata e insuficiente. Son muchos los que en el entorno del diario polanquista apuestan por el fundamentalismo laico como acción preferente de la nueva legislatura.

Musulmanes, protestantes y budistas permitirán a Zapatero golpear subterráneamente a los católicos con el pretexto de atender los derechos de las minorías. El presidente dispondría de una autoridad mayor si después de sustraer a la Iglesia la subvención que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado hubiera hecho lo mismo con los partidos políticos y los sindicatos. A muchos nos parece razonable, a pesar de la ingente contribución de la Iglesia sobre todo en las áreas educativas y sanitarias, que sean los fieles católicos los que financien sus creencias, rellenando en su declaración de la renta el casillero correspondiente para trasvasar el 0’7% de sus impuestos a la Iglesia Católica. Habría que hacer lo mismo con partidos y sindicatos y que fueran los militantes afiliados y simpatizantes los que los financiaran, rellenando una casilla similar, en lugar de recibir copiosas cantidades de dinero procedente de los impuestos de todos los españoles. A mí me revienta, por ejemplo, que, con una parte de los impuestos que pago, se subvencione a ANV o a ERC.

“El País”, en fin, reconoce, sin darse cuenta, la realidad católica de España al escribir: “Las estadísticas indican que más del 95% de los nacidos aún pasan por la pila bautismal” de la Iglesia Católica. Ese “aún” es una prueba del más radical sectarismo.