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Qué hay de lo mío: La pérdida del interés general

David Ortega Gutiérrez
martes 21 de mayo de 2013, 20:14h
El egoísmo es esencial a la naturaleza humana, al igual que el conflicto es connatural al mundo político. Sin embargo, ni el egoísmo ni el conflicto son buenos en sí mismos, aunque se tenga que contar con ellos y aceptarlos como parte de la realidad. Dicho de otra forma, es mejor para la convivencia humana reducir al máximo los márgenes del egoísmo y del conflicto. Es verdad que el quehacer político tiene que partir de la realidad, sin duda, pero no es menos cierto que la política de altura es la que no muere en la realidad, sino que la transforma y la supera hacia un objetivo mejor y superior.

Hoy nuestra España autonómica no vive sus mejores momentos. Su gasto y déficit excesivo, las desigualdades que generan entre los ciudadanos y su administración poco eficaz, la ponen en el ojo de la crítica, no solo del panorama español, sino también del panorama europeo. Parece bastante claro que se está ante el agotamiento de un modelo que, en tiempos de vacas gordas, podía mirarse hacia otro lado, pero no en un momento de austeridad y necesidad donde la mala gestión, descoordinación e ineficiencia, son realmente inaceptables.

Un reciente Informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y de la Fundación Bancaja sobre el Desarrollo humano y Pobreza en España ha puesto sobre la mesa una serie de conclusiones, que merecen alguna reflexión sobre la realidad de nuestra España autonómica. De entrada, la principal conclusión es una afirmación que pone al sistema autonómico en profunda cuestión: las desigualdades entre Comunidades Autónomas han crecido hasta casi duplicarse en estos últimos cinco años. Esta realidad nos indica que algo no funciona y que necesita repensarse la organización de nuestro modelo territorial, pues no nació evidentemente para estos resultados, de hecho, nació para justo lo contrario. Nuestro constituyente así lo indicó en diferentes preceptos de nuestra Constitución de 1978. La igualdad no sólo se consagra como valor superior en el artículo 1.1 y 9.2, sino que preside el propio Título VIII que versa sobre la Organización Territorial del Estado.

Así, dentro de los principios generales de su capítulo primero, el artículo 138.1 defiende que el Estado, no cada Comunidad Autónoma por separado, sino el Estado como ente superior que vela por el interés general de todos los españoles, “garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad […], velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”. Parece obvio que el Estado español está fracasando en este mandato constitucional. Pero además el artículo 139.1 señala que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Y si vamos al capítulo III de este Título, que trata específicamente de las Comunidades Autónomas, su artículo 149.1.1ª mantiene como competencia exclusiva del Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Por último, por si hubiera alguna duda sobre el espíritu de igualdad y solidaridad que el constituyente diseño para nuestra España autonómica, el artículo 156.1 consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas subordinándola al principio de “solidaridad entre todos los españoles”. Algo que tampoco vemos en los resultados reales que resultan del citado Informe. Y para concluir, y ya en la denominada Constitución económica regulada en el Título VII, su artículo 128.1 -que inicia el Título- recoge con carácter indubitable que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Por encima de los intereses particulares de determinados barones del PP o del PSOE, por encima de una distribución del poder autonómico que exige un replanteamiento a fondo en cuanto a sus competencias, gestión y financiación, la realidad demuestra que los españoles no están sufriendo ni soportando igual la crisis, sino que depende de la Comunidad donde uno viva la crisis es más o menos dura. Canarias, la Comunidad valenciana o Andalucía son hoy más pobres que hace cinco años. Por el contrario, Navarra, La Rioja y País Vasco son menos pobres que hace cinco años.
Algo no estamos haciendo bien y la perspectiva de la igualdad y la defensa del interés general la tiene que recuperar ya el Estado español como tal, un país serio no se puede construir sobre 17 entidades que solo buscan el qué hay de lo mío. Ese no era el diseño que todos los españoles nos dimos en nuestro Pacto de Convivencia de 1978.

David Ortega Gutiérrez

Catedrático de Derecho de la URJC

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