Devolución de competencias al Estado: Se puede hacer

Y de hecho, se acaba de hacer. Como ya es bien conocido, UPyD nació con una serie de reivindicaciones muy claras y concretas, entre las cuales estaba y está, la devolución de competencias por parte de las Comunidades Autónomas al Estado en materias tan esenciales y determinantes -para la igualdad y defensa del interés general de los 46 millones de españoles- como la educación y la sanidad. Algunos despistados criticaban con poco conocimiento que eso era imposible de hacer, que era un camino de ida, pero no de vuelta. Nosotros siempre hemos sostenido que es posible, sólo es necesario tener voluntad política para hacerlo. Y nuevamente los hechos nos dan la razón. Concretamente en el caso de la Comunidad de Andalucía, que ha tenido que devolver al Estado el 100% de su competencia sobre el río Guadalquivir.

El tema del agua lamentablemente ha sido uno de los ejemplos más desastrosos de gestión del Estado autonómico, generando innecesarias tensiones entre diferentes partes de España, nuevamente el interés general brilló por su ausencia. Con la también absurda reforma de los Estatutos de segunda generación, a raíz de la del Estatuto de Cataluña de 2006 -por cierto, la Ley Orgánica que en la historia de nuestra democracia ha tenido más artículos declarados inconstitucionales- muchas Comunidades Autónomas asumieron competencias exclusivas que no les correspondían sobre ríos que afectaban a más de una Comunidad Autónoma, caso del río Guadalquivir con el Estatuto de Andalucía y del río Duero con el de Castilla y León. Por cierto, UPyD fue el único partido que votó en contra de ambos Estatutos por el perjuicio que producían a la defensa de la igualdad y del interés general entre españoles, y en importante medida el Tribunal Constitucional en sendas Sentencias de este año 2011 ha venido a darnos la razón, declarando inconstitucionales los artículos de ambos Estatutos que asumían competencias contrarias a la Constitución.

Pues bien, ya la Comunidad Autónoma de Andalucía ha devuelto, hace pocos días, todas las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir al Estado, su gestión ha durado exactamente dos años y diez meses. El Consejo de Ministros de 21 de octubre aprobó el decreto de reversión, que se empieza a aplicar inmediatamente, conforme señaló el Ministro de Fomento. Cuando se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 marzo de 2011, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía aprobaron una encomienda de gestión transitoria, de seis meses, por la que la Comunidad de Andalucía seguía manteniendo la gestión de las competencias mientras los dos Gobiernos buscaban una salida legal.

En resumen, si se quiere andar el camino, se puede andar. Es verdad que en este caso ha sido obligado por una Sentencia del Tribunal Constitucional, pero a efectos procedimentales, que es lo que nos interesa, se demuestra que si se quiere, se puede hacer. A partir del 20 de noviembre se deben hacer importantes replanteamientos sobre la viabilidad económica y financiera de nuestro Estado autonómico, sobre la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos y finalidades, sobre los resultados en términos de igualdad y buen servicio en materias tan determinantes para nuestras vidas como la educación y la sanidad, y como hemos visto, el camino de la devolución de competencias ya se ha recorrido.