El desgobierno de la Justicia

El artículo 28 de nuestra Carta Magna consagra el derecho de huelga. Pero, aparte del texto constitucional, es complicado encontrar regulación exhaustiva alguna, toda vez que la existencia de una ley de huelga sigue siendo una demanda poco digna de ser tenida en cuenta. Hace falta un coraje político que ningún grupo en la historia de nuestra joven democracia ha demostrado tener. Con todo, es sumamente necesaria. Evitaría los desmanes que algunos conflictos laborales ocasionan. Cierto es que una huelga es la última de una serie de medidas de presión cara a obtener algún tipo de mejora laboral. Hay reivindicaciones sumamente justas; otras, no tanto. Y en medio de todo esto, los sufridos ciudadanos, rehenes de situaciones que les suelen ser ajenas pero cuyas consecuencias sufren y padecen. En una huelga de transporte, por citar un ejemplo, solemos asistir impotentes a toda suerte de actos de vandalismo, amen de interminables atascos y una situación de encono colectivo. Es algo que se percibe.

Ocurre que, en la recientemente finalizada huelga de los trabajadores de Justicia, las medidas de presión de los huelguistas no han calado tanto en la ciudadanía, y sin embargo, podemos estar en puertas de situaciones sumamente alarmantes. Dentro del enorme torrente de números que han salido estos días, sirvan un par de datos para acercarnos un poco a la magnitud del problema. Sólo en Asturias, la huelga ha obligado a suspender 7.000 juicios -más de 30.000 en toda España- , mientras que se han dejado de practicar unas 10.000 diligencias y han quedado sin tramitar aproximadamente 30.000 escritos. El propio Bermejo cifró en 41.000 los actos judiciales suspendidos sólo en el primer mes.

No obstante, ojalá todos los problemas de la Justicia derivasen de esta huelga -cuyas motivaciones, por otro lado, tenían cierto sentido-. Con horas extraordinarias y algo de voluntad el tema podría encauzarse, pero dicho tema es mucho más complejo. Uno de los peores males que aquejan a nuestra Justicia es la endémica y sonrojante falta de medios, de todo tipo, humanos, técnicos y económicos. En los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, las pruebas se acumulan en los lugares más insospechados. No hay espacio material para custodiarlas. Ya en 2004, la Inspección alertaba de un "elevado número de ejecuciones penales" en trámite (que en 2007 eran más de 400.000 en toda España) y de la ausencia de programas informáticos para su correcto seguimiento.

Es de suponer que el ciudadano de a pie, ante semejante panorama, encuentre ciertas dificultades a la hora de confiar en la Justicia. Máxime cuando tan de actualidad están el caso de la pequeña Mari Luz, asesinada por un pederasta que andaba suelto, y la absolución del terrorista de los GRAPO en la causa seguida por la muerte de un Policía Nacional. Ante ello, pensar en el derecho a la tutela judicial efectiva aludido en el artículo 24 de la Constitución produce una honda melancolía. ¿Quién nos protege de esta Justicia?