En el último año, mientras el paro aumentaba en 1.755.900 personas se incorporaron a las Administraciones públicas 105.300 ciudadanos y ciudadanas, amén de la caravana incesante de asesores y consejeros. En 1976 había en España 600.000 funcionarios. Ahora superamos los 3.100.000. El ciudadano que paga no sólo no esta mejor asistido sino, por el contrario, bastante peor. Los funcionarios innecesarios, para justificar sus puestos de trabajo, se inventan mil trabas burocráticas y allí donde el contribuyente debía hacer una gestión en 1976 se ve obligado a hacer ahora tres o cuatro.

     Cualquier día Zapatero tendrá la feliz ocurrencia de convertir a los 4.000.000 de parados en asesores personales suyos y se terminó el paro en España. Que de cada cinco ciudadanos que trabajan en España uno sea funcionario público produce una alarma que angustia.

     Dicen algunos economistas que a lo hecho pecho y que no se puede arreglar la anomalía porque son los propios partidos los que alientan a las Administraciones a que coloquen en ella a sus simpatizantes, amiguetes y parientes para que se dediquen a chupar del bote.

     No estoy de acuerdo. La fórmula para sanar la hemorragia burocrática está bien clara. Basta una ley que diga: “Hasta que el número de funcionarios en las tres Administraciones se sitúe en 600.000, de cada diez servidores públicos que se jubilen o se mueran sólo uno será sustituido”. Es un bochorno que, mientras por la torpeza del Gobierno, se destruyen en el sector privado centenares de miles de empleos, en el sector público continúe la incesante crecida.