Las esperadas, aunque ocultas, medidas económicas del Gobierno Popular (II)

Cuando se adoptaron las medidas urgentes en diciembre, la situación económica era de crecimiento débil con los primeros síntomas de una recesión ya vaticinada por diversos organismos, incluido el Banco de España; alto nivel de paro sin que hubiera remitido la tendencia al alza como acaba de confirmar la última encuesta de población activa; y unos niveles de déficit público que mostraban las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos en Bruselas en el marco del plan de estabilidad y convergencia. He relacionado estas tres circunstancias en un orden determinado, el de su importancia, porque es en esta misma disposición como debería hacérseles frente, y como el Gobierno no lo ha hecho.

El déficit público es el resultado de pocos ingresos para atender muchos gastos: la escasez de recursos deriva de la mala coyuntura que determina menos consumo — de aquí que baje la recaudación por IVA -; la otra perspectiva del bajo consumo es el bajo nivel de ventas y, por ende, de beneficios empresariales — el resultado es una menor recaudación por impuesto sobre sociedades -; cuando las empresas no cumplen con objetivos, empiezan a bajar salarios y a despedir trabajadores - menos ingresos por retenciones sobre el trabajo y por IRPF en general-. Por el lado del gasto, los despedidos implican el incremento de la demanda de prestaciones por desempleo; el menor nivel de renta conduce a mayor gasto social. Este razonamiento permite explicar que el déficit público no es la causa de la crisis sino una consecuencia. Por tanto, atajar el déficit no permite hacer frente a su propio fundamento. En cuanto al paro, tampoco es el principio de la depresión, aunque acabe siendo un factor que la alimenta. Al contrario, el paro viene producido por la caída de la actividad. Por tanto, es más una deriva de la situación que su origen. En fin, que si queremos revertir el contexto deberíamos ir a la raíz del problema y preguntarnos qué produce la desaceleración y qué es necesario hacer para retornar al crecimiento.

Antes de continuar haré una breve referencia a la reforma laboral porque se habla mucho de ella, aunque entrar en esta cuestión exceda mis pretensiones en este artículo. No cabe duda de que nuestro mercado laboral y las leyes que lo regulan muestran importantes rigideces: cuando las cosas van bien, tarda en crearse empleo de calidad; cuando van mal, se destruye con mucho facilidad en colectivos muy determinados. En todo caso, no nos debemos llevar a engaño: con este mismo marco de relaciones laborales se ha generado mucho trabajo en años de bonanza. Parece que podría modernizarse nuestra normativa, pero no pensemos que esta sea la razón de todos nuestros problemas ni fiemos en su reforma nuestras esperanzas. De nuevo, el paro se debe más al decaimiento de la actividad económica que al contenido de los contratos.

Dicho todo lo anterior, ¿qué ha hecho el Gobierno? Atender al déficit y olvidarse de todo lo demás, al menos de momento. Bueno, esto no es cierto del todo aunque, veremos, tampoco las pretendidas medidas de estímulo vayan por un camino que me parezca acertado.

El impulso de la actividad puede venir tanto de la iniciativa pública como de la privada. En el inicio de la crisis, en 2008 y 2009, las autoridades lo fiaron a la primera con medidas de impulso muy potentes. La situación empezó a mejorar, aunque todavía con debilidad debido a la profundidad de la crisis y a una de sus peculiaridades, la pérdida de confianza en los mercados y circuitos financieros, de donde ha resultado una enorme dificultad para inyectar liquidez a las empresas. Desde que en mayo de 2010 se iniciaran los planes de austeridad, se confió en el impulso del sector privado y del sector exterior: el resultado está a la vista de todos. Un crecimiento raquítico, el mantenimiento del paro en niveles altos y un sector exterior dominado por la depresión en otros países y, en Europa, por la confluencia de políticas de austeridad, llevaron al traste las perspectivas de mejora.

En este contexto, no se han anunciado medidas de estímulo a través de la inversión pública. Y se echa en falta invertir en infraestructuras. Al contrario, la focalización en la reducción del gasto llevará consigo diminuir la demanda de las Administraciones públicas; si éstas no consumen, ¿quién lo hará? Muchos creemos que no serán los particulares, quienes no andan para muchas alegrías. Recuerden que el no consumir de unos es el no vender de los otros.

Pero el análisis hecho por nuestras autoridades es todavía más ingenuo. Pensar que, en estas condiciones, se pueda reducir el déficit incrementando el IRPF resulta asombroso, sorprendente. La nueva y anunciada recesión supondrá menos empleo, salarios más bajos y caída de los beneficios, como consecuencia, de nuevo, de un menor consumo. En fin, por mucho que suba el tipo nominal del impuesto sobre la renta, se va a aplicar sobre unas bases fiscales menguantes. Bajar el tipo en el impuesto sobre sociedades a las pymes va a estimular poco la actividad puesto que, sin beneficios no hay renta que gravar de tal forma que la pretensión perseguida quedará hueca. No se puede bajar un impuesto cuando no existe tal. En cuanto al IVA, resultará difícil que pueda aportar suficiente financiación cuando los particulares eviten salir de compras.

Peor resulta observar que entre las contadas medidas de estimulo las haya que pretendan asir nuestra esperanza a un modelo económico agotado y sin futuro, la construcción. Es el caso de la recuperación de la deducción fiscal por adquisición de viviendas y la prórroga del IVA reducido para su adquisición. Quizás se expliquen estas iniciativas en que se trate del sector donde haya más paro y se esté produciendo una continua pérdida de valor de activos, con implicaciones para el sector financiero. Pero tales apoyos dificultan un proceso necesario de reconversión y de viraje a otro modelo productivo. Se trata de una muestra de que no se ha aprendido la lección, que no se rectifica, a pesar ser esta actitud de sabios.