opinión

El Estado derrama cerca de 1.000 millones de euros al año en los llamados cursos de formación. Las organizaciones empresariales tienen responsabilidades varias en la administración de esa copiosa cantidad. Pero son, sobre todo, UGT y Comisiones Obreras, los agentes sociales que controlan las dádivas y se ocupan de unos cursos que, en parte no desdeñable, están considerados por muchos como una completa camelancia. Al menos, en gran parte, porque conviene no generalizar si se quiere conservar el equilibrio de juicio.

Méndez y Toxo están que trinan contra la reforma laboral, porque Rajoy ha decidido recortarles el poder. De manera muy especial los límites al chorreo de los cursos de formación han provocado la irritación de los líderes sindicales. En determinada medida se les acabó ese chollo.

¿Qué porcentaje del dinero de los cursos de formación pasa a engrosar la caja sindical? ¿Cómo y de qué forma se contrata a los profesores? ¿Cuánto y de qué manera se paga a los amiguetes y paniaguados? “Pánico —ha escrito Hermann Tertsch- tienen los sindicatos a que se les toque el bolsillo, horror a que corten sus abusos de pernada en el mercado laboral”

La crisis económica, en fin, y las exigencias europeas han puesto en evidencia el gran negocio en el que se han convertido los sindicatos, alimentados por dinero público en el 90% de sus gastos. El ciudadano medio quiere saber el número de sedes de UGT y CCOO en toda España, la cifra total de metros cuadrados, cuántos son los empleados que pagan los sindicatos, cuantos los colaboradores, qué cuestan los incesantes viajes, el fasto de las manifestaciones organizadas a mayor gloria de los líderes? Las centrales sindicales, que deberían ser modelo de transparencia, ocultan la mayor parte de los datos que el ciudadano medio tiene derecho a conocer, entre otras razones porque los gastos sindicales se pagan a 90% con dinero de los impuestos que desangran a los contribuyentes.

Ha llegado la hora de la luz y los taquígrafos para los sindicatos. Son imprescindibles en una democracia plena. Pero cada vez se hace más necesario controlar sus eventuales abusos y exigir su regeneración.