El caso “Faisán” o el abuso de poder

La brillante ejecutoria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha antiterrorista es un hecho. La detención de comandos de ETA, incautación de valiosa documentación y desmantelamiento de sus infraestructuras ha evitado sin duda la comisión de múltiples atentados. Hay, en cambio, una cuestión que —en interés de la profesionalidad e independencia de los cuerpos de seguridad- debe ser resuelta a la mayor brevedad posible: el chivatazo dado a un colaborador de la banda terrorista anunciándole una inminente intervención contra el bar que regentaba y que la banda terrorista utilizaba para sus manejos operativos. El llamado “caso Faisán” saltaba de nuevo a la palestra informativa esta pasada semana, cuando se conocía que el chivatazo en cuestión pudo haberse llevado a cabo por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, hombre de confianza del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Parece inútil resaltar la gravedad del caso.

Una de las ventajas de la separación de poderes es que el Judicial ha de cumplir con su cometido, la administración de Justicia, con independencia absoluta del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, si el Gobierno decide emprender un vergonzante proceso negociador con una banda de asesinos, ello no obsta para que los jueces sigan haciendo su trabajo, cual es detener a quien delinque. Cualquier intromisión en esta labor supone un ataque flagrante contra la independencia del poder judicial y, por ende, contra la esencia misma del Estado de Derecho. Al abortar una operación policial de máximo nivel contra el entramado terrorista poniendo sobre aviso al principal sospechoso, sus responsables cometieron un hecho gravísimo, a lo que hay que añadir que en su comisión primasen además espurias motivaciones políticas: es una prueba de que el Gobierno negociaba políticamente con ETA y, al parecer, estaba dispuesto a hacer lo que fuese para que nada ni nadie interfiriera.

Demasiadas son las dudas -o mejor dicho, las evidencias- que se ciernen sobre las actividades y decisiones de las más altas autoridades políticas, en la medida que resulta difícil de creer que el director general de la policía tomara decisiones de esa naturaleza sin el conocimiento y aquiescencia, por no decir la instrucción, de las máximas instancias políticas. No sólo en este caso, sino en muchos otros más en los que ha quedado patente la utilización de medios públicos al servicio de un interés partidista: grabaciones indiscriminadas con SITEL o el exceso de celo oficial mostrado en Baleares con personas allegadas al PP y vinculadas con presuntos casos de corrupción. Por no hablar del empeño que ciertos magistrados con más ego que ética ponen en unos asuntos -léase “Gürtel”- en detrimento de otros -“Faisán”-.

En este periódico no hemos estado lentos ni cortos a la hora de denunciar la corrupción de la primera de las tramas. Por la misma regla de tres, es preciso advertir que el abuso de poder que supone la utilización partidista de medios públicos es un hecho de una gravedad de enormes proporciones. En cualquier otro país de nuestro entorno, indicios semejantes serían constitutivos de una comisión parlamentaria y de la apertura de diligencias judiciales inmediatas con el fin de esclarecer los hechos. No así en la España de Zapatero, donde desde Moncloa se pretende pasar página en un asunto que puede sacar a la luz verdades sumamente incómodas. Pero guste o no, la verdad ha de aflorar siempre. Y más si lo que hay en juego es la credibilidad del Gobierno en un asunto tan delicado como la lucha antiterrorista.