opinión

Llevo varios años propugnando que se reduzca el número de funcionarios. A España le bastan con 700.000 en las tres Administraciones. Sobrepasamos los 3.200.000. Es el producto del desmedido afán de los partidos políticos de enchufar en puestos seguros a sus parientes, amiguetes y simpatizantes. Me agradó comprobar que Sarkozy, al encaramarse a la presidencia de Francia, tomó la iniciativa aunque un poco drásticamente. No sustituir a ninguno de los funcionarios que se mueren o jubilan me parece excesivo. Hay puestos especializados que requieren cualificación. Por eso lo prudente es que de cada diez funcionarios que se jubilen o fallezcan sólo se sustituya a uno.

Zapatero ha anunciado una reducción del 87% en la contratación de empleo público. No es el ideal pero está bien comenzar y prueba de ello es que Cándido Méndez ha puesto el grito en el cielo. Lo menos que se puede pedir, en medio del zarandeo de la crisis económica, es que las Administraciones reduzcan un 87% el empleo público.

Aplaudo, pues, sin reservas a Zapatero. Creo, sin embargo, que lo que exige la situación es una ley muy sencilla que diga lo siguiente: “Hasta que el número de funcionarios en las tres Administraciones no se haya reducido a un total de 700.000 personas, de cada diez empleados públicos que se jubilen o fallezcan sólo uno será sustituido”. Luego habrá que embridar a las empresas públicas porque la gran trampa actual en las tres Administraciones es la creación de millares de ese tipo de empresas públicas, casi todas deficitarias, para colocar en ellas a los amiguetes y hacer pingües negocios de comisiones y mordidas.