Baltasar Garzón en el banquillo, capítulo 2

El juez Baltasar Garzón ha vuelto a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo, la segunda vez que lo hace en menos de diez días. Si la semana pasada fue por la presunta prevaricación y la violación de los derechos constitucionales al ordenar las escuchas entre los presuntos cabecillas de la trama “Gürtell” y sus abogados, ésta vez ha sido por la causa abierta contra él por investigar sin competencias los crímenes del franquismo. Con un matiz importante. En este caso, no sólo ha sido la defensa del magistrado, sino también la propia Fiscalía, quienes han cargado contra el juez instructor del caso, Luciano Varela, al que acusan de haber tomado partido y perder su imparcialidad. Planteadas las cuestiones previas, la vista se ha suspendido hasta el próximo día 31. A la espera de la sentencia sobre el primero de los casos, que puede hacerse pública en cualquier momento, este nuevo proceso sirve de puente para el tercero al que se enfrentará el magistrado, actualmente suspendido en funciones, por los presuntos deliitos de cohecho y prevaricación por los cobros que recibió gracias al patrocinio del Banco Santander por unos cursos que impartió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

El juicio al que se enfrenta Garzón desde este lunes es mucho más complicado que el de la semana pasada, según señalan fuentes políticas consultadas por “El Imparcial”. “Con muchísima más carga política, por mucho que pudiera parecer, que el celebrado por las escuchas en prisión a los abogados y sus defendidos en el caso “Gúrtell”. En este caso, la izquierda ha echado mano de todos sus recursos mediáticos para denunciar una cacería contra el ex magistrado de la Audiencia Nacional por haber intentado abrir un proceso contra el franquismo al investigar los posibles crímenes cometidos por la dictadura”.

El hecho de que la denuncia contra el ex titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional partiera del sindicato “Manos Limpias”, calificado por la izquierda, PSOE incluido, como “ultraderechista”, y que el juez instructor del caso en el Supremo, Luciano Varela, vulnerara, según la defensa de Garzón, representada por González Martínez- Fresneda, las normas esenciales del procedimiento, tomara partido y perdiera su imparcialidad al llegar a sugerir la forma en que esa organización debía corregir su escrito de acusación para eludir la “doctrina Botín”. La misma señala que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la que la Fiscalía no presenta acusación alguna y tampoco lo hace alguna parte directamente perjudicada por las presuntos hechos delictivos cometidos. Tesis a la que también se ha sumado el fiscal del Supremo en este procedimiento, Luis Navajas.

En cambio, el abogado de “Manos Limpias”, Joaquín Ruiz Infante, ha defendido ante el Alto Tribunal que el “interés público y el derecho a ejercer la acción popular deben prevalecer” en este juicio, en un caso, muy diferente a su juicio, al de las cesiones de crédito por parte del Banco Santander que dio origen a la doctrina “Botín”. Y sobre el fondo de la cuestión ha añadido que “nuestro objetivo no es hacer una revisión histórica de nada, nuestro objetivo es ver si se ha incumplido o no la Ley”.

Posiciones en la Sala aparte, de lo que no queda duda, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, es que Baltasar Garzón vuelve a estar sentado en el banquillo tras la decisión tomada por unanimidad por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 26 de mayo de 2009 para encausarle por un presunto delito de prevaricación al haber comenzado y prolongado una diligencias sobre las desapariciones de personas durante el franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que “además no eran competencia de la Audiencia Nacional”. Las mismas fuentes se preguntan: “¿Qué interés podría tener un juez como Luciano Varela, uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces para la Democracia, para intentar defenestrar a Baltasar Garzón, beneficiando los intereses de un sindicato como Manos Limpias, considerado como la punta de lanza judicial del ultraderechismo por la izquierda de este país?” Y otra vez, según las mismas fuentes, vuelta a lo mismo. “La ley es igual para todos, sea duque, magistrado o uno de los piratas somalíes que llegó a España el fin de semana pasado, teniendo siempre en cuenta la presunción de inocencia. Luego será el Tribunal quien tome la decisión final, en función de las pruebas aportadas”.

Y sin salir del capítulo de la Justicia, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado este martes una nueva sorpresa en las intenciones del Ejecutivo al anunciar en el Congreso de los Diputados la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para que la mayoría sean designados por la propia Judicatura, doce de los veinticuatro, y los otros restantes por el Congreso y el Senado, como sucedía antes de 1985. Un sistema que cambió el Gobierno de Felipe González en 1986 para que todos los miembros del CGPJ fueran elegidos por el Congreso y el Senado. La portavoz del Gobierno también ha anunciado la apertura de una ronda de negociaciones para proceder de inmediato a la renovación del Tribunal Constitucional, “otras de las cuestiones candentes en el terreno político y que la crisis económica ha tapado por completo”, según los analistas consultados por este diario.

En su comparencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, en la que también ha estado presente el juicio comenzado hoy contra Garzón en el Supremo, la mano derecha de Mariano Rajoy ha asegurado que el Gobierno “actuará con austeridad, transparencia, responsabilidad y regeneración democrática”. Sáenz de Santamaría ha insistido en que la nueva ley de transparencia recogerá la voluntad del Ejecutivo de modificar el Código Penal para “tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos”.