opinión

Desde Moncloa se inspiró la operación política que implicaba al PP en casos de corrupción para debilitar la imagen de los populares ante las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco. Una clásica maniobra zapateresca. Correspondió instrumentar el plan del think tank monclovita al juez Garzón y al ministro Bermejo, respaldados por el periódico adicto.

La maniobra se convirtió en gran parte en un bumerán porque la opinión pública se enteró a tiempo de las juergas cinegéticas de los protagonistas y pudo refrescar, además, que Garzón era juez y parte, puesto que figuró como número 2 en las listas socialistas de Felipe González y fue secretario de Estado del Gobierno del PSOE. Es una indecencia que un juez con semejante biografía política instruya un procedimiento contra el PP, al margen de que resulte imprescindible ahora esclarecer las presuntas corrupciones, caiga quien caiga.

Pero la noticia, hoy, es que al cazador Garzón le han cazado. El juez ha ocultado una gruesa cantidad en dólares cometiendo un presunto delito. Ha multiplicado por cien los eventuales trajes de Camps. Si Baltasar Garzón no aclara de forma fulminante su conducta, el ludibrio habrá caído sobre él. No se puede andar denunciando corrupciones contra el partido que combatió durante su etapa política y encima que se descubran presuntas irregularidades en su actividad personal.

La opinión pública está a la espera. Garzón no puede callar. Deberá hablar alto y claro porque el que calla otorga. Y la denuncia que le zarandea no es una insidia ni un rumor ni una especulación. Es nada menos que el Tribunal Supremo la institución que exige la investigación sobre la conducta garzoniana.