Los diecisiete jefecillos de Estado que hemos creado con las Autonomías han encontrado, salvo excepciones, que las hay, una fórmula idónea para culminar su política de colocar a parientes, simpatizantes y amiguetes. Ahí, la voracidad autonómica ha superado a la de la Administración Central.
Casi 60 fundaciones dependen y están financiadas por el Gobierno de la nación; 466 es el número bajo tutela autonómica. Las sociedades mercantiles del sector público que en Moncloa apenas llegan a 200, superan las 600 en el ámbito autonómico. La proporción de los organismos institucionales es de 68 a 183 y del resto de los entes públicos de 47 a 280.
Total, que los españoles pagamos 473 camelancias que dependen del Gobierno y 2.181 que pastorean las comunidades autónomas. Más del 90% de todas esas fundaciones, empresas, sociedades y organismos pueden considerarse prescindibles. Es la fórmula torticera que, al margen de los Presupuestos del Estado y de las Autonomías, permite repartir prebendas y enchufes entre las personas adictas al poder.
No hay reforma que valga si no se le mete la tijera al escándalo de las empresas y entes públicos que constituyen una hemorragia económica para el Gobierno y las Autonomías, también para los Ayuntamientos, que esa es otra tecla que habrá que tocar. Las cifras del sector público de las Comunidades Autónomas, que cuadruplica a las del Estado, es una muestra más de cómo despilfarran los políticos el dinero que obtienen de sangrar a los ciudadanos.
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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