www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

Materiales para finiquitar a ETA

Luis de la Corte Ibáñez
domingo 22 de junio de 2008, 17:53h
“El fin está muy cerca”. La frase sirve de subtítulo a un valiente libro publicado este mismo año. El título previo es mas preciso y claro: “La trama civil de ETA” (editorial Arcopress, 2008). Su minucioso autor tiene apellido de víctima: Daniel Portero de la Torre, hijo de Luis Portero García, quien fuera Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un mal día el fiscal traspasó el portal de su casa de Granada y se dio de bruces con tres gudaris, ya saben, tres tipos a los que algunos vascos les otorgan la condición de héroes por hacer cosas como asesinar a balazos, ellos tres juntos, a un ciudadano indefenso en la oscuridad de un portal. Ocurrió a las dos y veinte de la tarde del 9 de octubre de 2000. Luis Portero García haría la víctima mortal de ETA número 16 tras la ruptura de la penúltima tregua-trampa. Inevitablemente, la vida de la familia Portero, como la del resto de las víctimas del terrorismo, dio un giro definitivo que se concretó en una nueva e incesante actividad de denuncia desplegada por dos hijos del fiscal asesinado, Luis Portero de la Torre y el ya citado Daniel. Luis sería presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo durante los años 2003 y 2004 y Daniel le acompañó como miembro de su junta directiva. Con posterioridad Daniel pasaría a ejercer como presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, promovida con el fin de apoyar todas las actividades judiciales que se desarrollan actualmente y que puedan incoarse en el futuro contra ETA y todos sus apoyos.

Desde luego, el libro publicado por Daniel Portero no es ajeno a su historia personal y familiar de militancia contra el terror. En ella le han acompañado a través de tiempos difíciles todas aquellas personas de bien que desde la década de 1990 fueron integrándose en diversas asociaciones y movimientos cívicos. Sobra explicar que, al igual que cabría decir del resto de aquellas personas y colectivos, la militancia de Daniel Portero y de su hermano Luis merece todos los reconocimientos morales que una democracia pudiera conceder a sus ciudadanos y servidores más insignes. No obstante, si el autor de La trama civil de ETA no hubiera perdido un padre por culpa de aquella organización terrorista el valor e interés de su libro permanecería intacto, siendo muy considerable. El propósito del texto coincide con el planteamiento que dio origen a la Asociación Dignidad y Justicia: el convencimiento de que el fin de ETA es posible sólo si al desguace de su aparato militar se le agrega la disolución judicial de una amplia red de organizaciones y empresas creadas por los terroristas y sus colaboradores para dar sustento económico y logístico a sus acciones y para aglutinar y retener a sus bases sociales. Apoyándose en los sumarios de los Macrojuicios iniciados en 1998 (muchos de ellos aún siguen en marcha), Daniel Portero describe con todo detalle cada una de las vertientes y ramas que han ido configurando la citada trama civil, especialmente a partir de 1992. En tal año los dirigentes de ETA deciden crear la Comisión de Proyectos Udaletxe con el fin de ampliar sus recursos de financiación, complementando los ingresos ilegales (como los derivados de la extorsión y los secuestros) con la entrada de dinero legal a través de una multiplicidad de organizaciones de variado perfil: político (como el partido Herri Batasuna con sus sucesivos nombres hasta llegar a ANV o como el organismo coordinador KAS, luego EKIN), mediático y cultural (Egín, Egunkaria, AEK), internacional (KHK, KEA, Xaki), social y laboral (como Jarrai-Haika-Segi, como Gestoras Pro-Amnistía, el sindicato LAB, ASK) y otras entidades como las herriko tabernas, de gran importancia como medio para la recaudación económica. Asimismo, el trabajo de Portero es complementario a otros estudios recientes sobre la economía de ETA (por ejemplo, los desarrollados por el profesor Mikel Buesa) al revisar pormenorizadamente el sistema de empresas interpuestas que le han permitido lavar su dinero en países iberoamericanos y proporcionar refugio a sus exiliados en Francia.

Por último, entreveradas con la descripción de su propio objeto de estudio y anticipadas en un sustancioso prólogo escrito por su hermano Luis, el libro de Daniel Portero ofrece algunas reflexiones en torno al papel que las instituciones judiciales deberían ejercer en la lucha contra ETA. El subtitulo antes mencionado (“el fin está muy cerca”) es optimista, tal vez demasiado. Personalmente confío en que ETA acabará siendo derrotada pero no logro anticipar un rápido desenlace. Quizá porque un optimismo sin límites podría conducirnos a la imprudencia de aguardar pasivamente lo que sólo llegará mediante un esfuerzo sostenido. Pero en esto no discrepo, sino que coincido con Portero. Además, el autor de La trama civil de ETA no ahorra críticas para algunas pautas de acción antiterrorista bien arraigadas en España. Varias de ellas comenzaron a corregirse a finales de los años noventa. Por fortuna, desde 1996 hasta 2004, la tradicional y lógica obsesión por desmantelar la estructura militar de ETA comenzó a compensarse con las sucesivas iniciativas policiales y judiciales que este libro repasa y que apuntaban a la ilegalización de su entramado financiero y político. Sin embargo, el cambio de gobierno producido en marzo de 2004 alumbró una inesperada voluntad política de frenar aquellos impulsos que habían causado tantos estragos en ETA. Portero censura abiertamente el último proceso negociador promovido por Rodríguez Zapatero y su efecto de desaceleración sobre la ofensiva judicial antes emprendida contra los terroristas. Pero lo que en verdad da originalidad a estas críticas es la referencia a las premisas y condiciones que a su juicio harían posible ese efecto, y que aún siguen vigentes, especialmente dos. Primero: la condición de una estructura judicial excesivamente dependiente del gobierno de turno. Segundo: la premisa, contemplada como correcta por no pocos responsables políticos y judiciales, según la cual la ley debe amoldarse (y por tanto, emanar decisiones diferentes) al albur de los cambios que pueden operarse en la coyuntura política. Sin duda alguna, son asuntos que merecen ser meditados. Entre tanto ahí queda el libro de Daniel Portero, contribución a una lucha necesaria y ardua por la dignidad y la justicia.


¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (5)    No(0)

+
0 comentarios