A la manifestación secesionista presidida por Montilla solo acudieron 64.000 personas, menos del 1% de la población catalana. Los acólitos del presidente engordaron las cifras hasta 1.500.000. Una parte considerable de esos 64.000 manifestantes eran liberados sindicales que recibieron la orden de sus centrales porque Montilla había pagado una suculenta factura: 31 millones de euros, enmascarados en “ayuda a la formación”, que es una de las camelancias habituales con que las centrales sindicales se forran a cargo del dinero que pagan los ciudadanos, sangrados a impuestos de forma inmisericorde.
El español medio cada vez va teniendo más conciencia del negocio sindical. Los líderes de los sindicatos coaccionan al Gobierno de la nación, a los Gobiernos autonómicos, a los ayuntamientos, a empresas públicas y privadas para recibir ese río caudaloso de subvenciones y patrocinios que les ha permitido atravesar la crisis sin hacer el menor sacrifico. Un escándalo mayúsculo que el temor a las represalias sindicales es ya incapaz de ocultar.
En el año 2009, el Gobierno zapateresco obsequió, cuando menos, a CCOO con 96.183.980 euros y a UGT con 96.117.904. A esas cantidades ingentes de dinero público hay que añadir las succionadas de las otras Administraciones del Estado y de las empresas públicas y privadas. ¡Menudo negocio!
Luis María ANSON
de la Real Academia Española
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