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    23 de octubre de 2014

Aunque las negociaciones entre el Ejecutivo y el PSOE siguen abiertas

El Gobierno confirma que la nueva ley de desahucios no será retroactiva y no tendrá aplicación en alquileres

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha afirmado que se han descartado medidas retroactivas para evitar los desahucios ya que causaría inseguridad jurídica. Asimismo, indicó que la retroactividad de las medidas que se pacten entre el Ejecutivo y el PSOE no se puede aplicar "por seguridad jurídica" y que no hay prevista ninguna medida de tratamiento especial para las viviendas en alquiler.
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha indicado que las medidas que pactará el Gobierno con el PSOE para frenar los desahucios no afectarán al alquiler ni se aplicarán con carácter retroactivo.

Así lo ha señalado Latorre en una rueda de prensa para valorar el IPC de octubre (3,5% en tasa interanual), donde ha dicho que el Ejecutivo trabaja en medidas que afectarán a primera vivienda y a un colectivo "bien acotado".

Latorre no ha querido adelantar las medidas concretas de las que hablan el Gobierno y el PSOE porque la negociación está en marcha, y se ha limitado a decir que lo esperable es que de ellas salga un paquete de iniciativas "satisfactorias" tanto para el Gobierno como para el Partido Socialista.

El paquete de medidas, que previsiblemente se aprobará este jueves en Consejo de Ministros, no tendrá carácter retroactivo porque esta aplicación plantea una serie de problemas jurídicos que han llevado a descartar la opción.

Sobre la definición del colectivo de extrema necesidad, Latorre ha dicho que el Gobierno y el principal partido de la oposición siguen negociando sobre esta materia, así que no ha querido adelantar ningún detalle.

El secretario de Estado tampoco ha querido dar cifras sobre desahucios, ya que las del Consejo General del Poder Judicial incluyen alquileres y locales comerciales que no se podrán beneficiar de estas medidas y la información de los bancos es provisional.

Así, ha dicho que son las propias entidades financieras las que tienen que dar a conocer estas cifras si lo estiman oportuno, y ha pedido que se tenga en cuenta que antes de llegar al desahucio, haya proceso de renegociación de las condiciones de pago.

En este sentido, ha explicado que las cifras de préstamos renegociados no son comparables con los desahucios, que se aplican como último extremo cuando no se puede acordar otra solución alternativa.

Sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas que puso en marcha el Gobierno, Latorre ha dicho que es pronto para valorar su eficiencia porque no se puso en marcha hasta que las entidades se acogieron al mismo.
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