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    20 de agosto de 2014

REACCIONES

El PP defiende las nuevas tasas mientras oposición y jueces las tachan de "chapuza"

La entrada en vigor este jueves de la nueva Ley de Tasas Judiciales, a pesar de que no empezará a aplicarse hasta final de año, según ha anunciado Hacienda, por no estar aún listos los formularios de liquidación de las tasas, ha originado todo tipo de valoraciones por parte de partidos políticos, miembros de la comunidad judicial y asociaciones de consumidores y usuarios. Defendida por el ministro de Justicia y el Partido Popular, la nueva normativa no convence al resto de actores, que la tachan de "recaudatoria" y aseguran que puede poner en peligro el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este jueves la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales, y los beneficios que supondrá para la justicia gratuita frente a las críticas de quienes -ha dicho- quieran mantener "el antiguo régimen". "Entiendo y respeto a los que quieren continuar en el régimen vigente pero nosotros no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora", ha dicho Gallardón tras asegurar que pese a las críticas recibidas, el Ejecutivo va a cumplir su compromiso de hacer de la Justicia un servicio más eficiente que ayude a aumentar la competitividad, la inversión y la creación de empleo.

El ministro de Justicia ha asegurado que la ley de tasas judiciales, que recoge un aumento generalizado de las mismas, es un primer paso "que va a garantizar más la justicia gratuita" y permitir que quienes no tengan recursos puedan acudir a los tribunales, además de ayudar a desatascar los juzgados.

Ruiz-Gallardón ha garantizado que, en contra de las razones que ha dado el PSOE para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, la ley de tasas lo que hace es ampliar los beneficios de la justicia gratuita, ya que serán más los españoles sin recursos que podrán acudir a ella. En esa misma línea ha recordado que las tasas sólo financiarán un 10 por ciento del coste de la Justicia, un tercio menos o 20 puntos menos de la media europea.

En la misma línea, el portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales contribuirá a "desatascar" la justicia, que se encuentra, según él, en una situación "absolutamente insostenible" debido a "un exceso" de recursos. "Si la justicia es lenta no es justicia", ha subrayado Hernando tras señalar que respeta el derecho del PSOE a recurrir la medida ante el Constitucional, aunque cree que hay quien "no quiere mover las cosas", en alusión a este partido, y está en los últimos tiempos "instalado en inmovilismo cuando no en la gesticulación".

Más cauto, el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la posibilidad de "meditar" sobre el incremento de algunas tasas judiciales. Aunque ha calificado de "muy buen" ministro al titular de Justicia señaló que entiende el "escepticismo" o el "descontento" de abogados y procuradores sobre la modificación legislativa.

Sin embargo, a parte de Gallardón y su partido, el resto de voces que este jueves se han expresado en torno a la entrada en vigor de estas nuevas tasas en Justicia han sido mucho más críticas.

El PSOE, según ha advertido su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, va a emprender una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar al presidente Mariano Rajoy a "rectificar" la Ley de Tasas Judiciales, porque consideran que es la "peor" ley que ha aprobado su Gobierno. En el frente judicial, los socialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional; en el Congreso han registrado hoy una serie de once proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas y en la calle estarán "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan.

También con acciones ha respondido la Izquierda Plural , que se ha dirigido por escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales al dejar a los ciudadanos "sin tutela judicial efectiva", según ha explicado su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que la postura de la Fiscalía sobre la nueva ley de tasas judiciales es conseguir "un equilibrio entre la atención de un servicio público y que nadie pague por lo que no está utilizando".

Torres-Dulce ha recordado que el proyecto de ley de tasas judiciales no ha pasado por la Fiscalía General del Estado, ni por el Consejo Fiscal, y que, hasta ahora, la doctrina del Tribunal Constitucional no ha dicho que las tasas sean de naturaleza inconstitucional. Pero, a la vez, ha rechazado que cualquier "restricción" impida que los ciudadanos puedan acceder de forma garantizada a los tribunales de justicia, porque, es "absolutamente esencial" asegurar que este derecho "sea igual para todos y no obstaculizado de ninguna forma".

Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha considerado que las nuevas tasas son "un impuesto confiscatorio". En declaraciones a Efe, González Armengol ha opinado que las cuantías de las tasas judiciales "son inconstitucionales porque impiden el acceso a la justicia de los ciudadanos e incluso atentan y van en contra de la normativa comunitaria, que también garantiza la inexistencia de obstáculos en el acceso a la justicia para los ciudadanos europeos".

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha afirmado que la ley de tasas judiciales es "difícilmente explicable", aunque, ha asegurado, los jueces están "obligados a cumplirla y hacerla cumplir porque se trata de una norma aprobada por las Cortes".

Más radical ha sido el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, al calificar la aplicación de las tasas como una "verdadera chapuza" y añadir que los abogados seguirán con sus acciones de protesta hasta que el Ministerio de Justicia se siente a dialogar con ellos. "La cuestión se enmarca en una verdadera chapuza, tanto en la concepción de las tasas como en su desarrollo", ha asegurado Carnicer en declaraciones a los periodistas durante unas jornadas sobre inmigración.

En el mismo sentido se ha expresado la asociación Jueces para la Democracia (JpD) a través de un comunicado en el que considera que el retraso en la aplicación de la ley que eleva las tasas judiciales es un ejemplo de las deficiencias formales y materiales de la norma, tanto en su contenido como en la gestión de su tramitación y entrada en vigor.

Por último, las asociaciones de consumidores y usuarios también se han mostrado en contra de la medida. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, ha tachado de "recaudatoria y disuasoria" la ley que aumenta las tasas judiciales que entra hoy en vigor, aunque no será efectiva hasta que no estén listos los formularios necesarios para que sean abonadas. Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha, a través de su página web, una campaña de recogida de firmas contra la ley de tasas judiciales para trasladar al Gobierno "la opinión y el rechazo" de los ciudadanos ante esta medida, que considera anticonstitucional.
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