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    27 de agosto de 2014

presunta corrupción urbanística

El PSC suspende a Daniel Fernández como secretario de organización tras su imputación

El líder del PSC, Pere Navarro, ha aceptado la suspensión de Daniel Fernández como secretario de organización después de que éste pusiera su cargo a disposición tras ser imputado por "tráfico de influencias" en el marco de la supuesta trama destapada en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).

Fuentes del PSC han explicado a los periodistas esta decisión después de reunirse la cúpula del partido esta tarde en su sede central de Barcelona durante más de una hora después de que Fernández, que es diputado en el Congreso y fue elegido el pasado domingo como parlamentario autonómico, confirmara que está imputado.

Además, está previsto que mañana comparezca en rueda de prensa el propio Navarro tras reunir de urgencia al Secretariado del partido, que analizará la delicada situación de la formación tras las diversas imputaciones de dirigentes socialistas.

Las mismas fuentes han subrayado lo "extraño" de que los Mossos d'Esquadra se hayan personado hoy en la sede del PSC para comunicar a Fernández que tenía que hacer una llamada a un cargo superior de la policía catalana para saber si estaba imputado justo al mismo tiempo que estaba convocada una rueda de prensa en la sede y alegando que "no tenían ningún teléfono" para comunicarse con él.

El PSC había convocado esta mañana una rueda de prensa para las 17.00 horas de esta tarde con el objetivo de reaccionar ante la imputación de Bustos en la trama.

Antes de que se conociera la imputación de Fernández ya estaba previsto que él diera la rueda de prensa como secretario de organización del partido.

Registros en el Ayuntamiento de montcada i reixac
Los Mossos d'Esquadra también registran el Ayuntamiento de Montcada i Reixac en el marco de la operación anticorrupción que se está desarrollando este martes focalizada en Sabadell, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

La operación, en un asunto asignado a la Fiscalía Especial Anticorrupción, se focaliza en la ciudad de Sabadell y contempla entradas, registros y detenciones. La causa la está llevando el Juzgado 1 de Sabadell, para la que se ha declarado el secreto de sumario.

Doce detenidos
Doce personas han sido detenidas en el marco de la denominada operación "Mercurio" que investiga una trama político-empresarial en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) relacionada con la corrupción urbanística, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

Además de los detenidos, han sido imputadas otras veintiséis personas y los Mossos d'Esquadra han procedido al registro de la sede del Ayuntamiento de Sabadell, así como de 41 empresas y sociedades y quince domicilios particulares.

En "la trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento de Sabadell", han intervenido diversos empresarios, junto a miembros del PSC y uno del PP, actualmente destituido, dentro del propio Consistorio.

Aunque la Fiscalía no ha facilitado los nombres, entre los imputados se encuentran el alcalde de la localidad barcelonesa, Manuel Bustos (PSC), y la diputada electa de este mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila, han indicado a Efe fuentes cercanas al caso.

Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental...
Los integrantes de la trama han podido incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

Las detenciones, imputaciones y registros se han desarrollado hoy bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d'Esquadra.

Según la nota de la Fiscalía Anticorrupción, los miembros de la trama dentro del Ayuntamiento exigían un depósito previo mínimo de 12.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, aunque la cantidad podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar.

Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3 por ciento en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final".

Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.
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