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    28 de julio de 2014

crónica política

Sube el nivel: "Caradura", "vergüenza" y amenazas

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado de “vergüenza” y de “engaño a los pensionistas” la decisión tomada por el Consejo de Ministros el pasado viernes. El líder socialista ha asegurado que “estamos examinando la inconstitucionalidad de esa medida, pero en mi opinión la no actualización de las pensiones es inconstitucional en el momento en el que se ha adoptado porque las pensiones se actualizan día a día y no se puede decir a fin de año que no se actualizan”. Rubalcaba ha ido más lejos al afirmar que el Ejecutivo y el PP “han engañado al conjunto de los pensionistas y especialmente a los catalanes y gallegos, que votaron pensando que se iba aplicar la ley”.

Evidentemente, las palabras del máximo dirigente socialistas y de otros miembros de este partido han tenido una inmediata respuesta por parte del PP, y más teniendo en cuenta que efectivamente las pensiones han subido, aunque no hayan llegado al incremento del IPC, y no como ocurrió con el Gobierno de José Luis Rodríguez, del que formó parte Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya directamente ni las aumentó, sino que simplemente las congeló.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha destacado que el único partido que no ha revalorizado las pensiones, el PSOE, “ahora diga que el Gobierno se ha desentendido de los pensionistas, es de ser un caradura”. La número dos del PP ha recalcado que el Ejecutivo “ha revalorizado las pensiones. En un momento de grave crisis económica y de grandes deficiencias e insuficiencias financieras, el Gobierno del PP no sólo está garantizando las pensiones, sino que además las ha incrementado en un 2% para el 74% de los pensionistas, 6,6 millones de personas, y un 1% con carácter general".

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha reunido con el primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, dentro de los contactos que mantiene para formar gobierno tras los malos resultados que obtuvo en las elecciones del pasado 25 de noviembre. Aunque su primera apuesta sigue siendo ERC, Mas continúa dejando la puerta abierta al PSC para que se convierta en su apoyo en el Parlamento catalán, una vez que existen problemas por las exigencias que desde la formación capitaneada por Oriol Junquera se le plantean a CiU, sobre todo en lo que se refiere a la presión fiscal sobre los empresarios y contra los recortes sociales.

Quizás por eso, según los analistas políticos consultados por este diario, Mas haya recurrido tras la reunión mantenida con Navarro a las amenazas contra Rajoy, con un argumento “más que peregrino, la defensa de los gastos sociales, cosa que hasta el momento le había importado un bledo”, como señalan las mismas fuentes.

“Parece un sarcasmo que el presidente de la Generalitat, el mismo al que no se le quita de la cabeza que haya que tenido que pedir ayuda al Estado por valor de 5.382 millones de euros para no entrar en quiebra y poder pagar de aquí a fin de año a los proveedores, haya dicho lo que ha dicho hoy”, insisten estos medios.

Al líder de CiU no se le ha ocurrido otra cosa que pedir al Ejecutivo de Rajoy, el mismo que le lleva tendiendo puentes, un límite de déficit para las autonomías justo y leal porque si no, deberá recortar “en temas básicos”. “Ahí es nada”, subrayan los mismos analistas, Mas chantajeando a un Gobierno que se ha visto obligado a no equiparar la subida de las pensiones al incremento del IPC porque no hay dinero en la caja y utilizando el argumento de que tendrá que recortar en “temas básicos”. “Como si no hubiera dado ya el tijeretazo en Cataluña en cuestiones básicas como la sanidad o la educación, aunque no en ´embajadas´ autonómicas u otras cuestiones de su política independentista”. Lo más probable, es que el líder de CiU esté haciendo méritos ante sus pretendientes, ERC o el PSC, destacan las mismas fuentes.

En política exterior, la votación celebrada en la ONU el pasado jueves y por la que Palestina fue reconocida como Estado observador ya está teniendo consecuencias. Sobre todo tras la decisión de Israel de aprobar tres mil nuevos asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, lo que ha provocado que el Gobierno español, como han hecho el británico, el francés o el sueco, entre otros, hayan citado a los respectivos embajadores de Tel Aviv para expresarles el malestar existente por esta represalia del Ejecutivo de Netanyahu, que en palabras del titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, no ayudan a encontrar una solución pacífica al conflicto de Oriente Próximo.
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