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    2 de octubre de 2014

De Cabo, 50 millones para eludir la cárcel, la mayor fianza de la historia de España

Prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Gerardo Díaz Ferrán

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. Se sospecha que esa es la cantidad de la que el ex presidente de la CEOE se apropió en la "trama urdida"con Ángel de Cabo.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración como parte de la "Operación Crucero", que investiga supuestos delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales. Según fuentes jurídicas, el juez ha dictado esta medida cautelar después de tomar declaración a Díaz Ferrán durante algo más de una hora y ahora el expresidente de la CEOE será conducido a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por otra causa, relacionada con un crédito de Caja Madrid a la aerolínea Air Comet. Después, Díaz Ferrán ingresará en la cárcel madrileña de Soto del Real.

La cantidad que contempla la fianza se debe a que el juez Velasco cree que el expresidente de la CEOE obtuvo 30 millones de euros en la "trama urdida" con su socio ya fallecido Gonzalo Pascual y el empresario valenciano Ángel de Cabo, que han "maquinado operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores" de Marsans.

Además, el juez Velasco también ha decretado prisión para el propietario de Nueva Rumasa y Marsans, Ángel de Cabo, eludible bajo una fianza de 50 millones de euros, la mayor fijada en España hasta el momento.

Tras la comparecencia de Díaz Ferrán y del supuesto testaferro Antonio García Escribano, que se ha negado a declarar, el juez Velasco ha comenzado a interrogar a su socio el empresario valenciano Ángel de Cabo. Díaz Ferrán, De Cabo y otros siete colaboradores permanecen detenidos desde el lunes por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible y todos ellos tienen que declarar hoy ante el juez.

Velasco sostiene que Díaz Ferrán recibió 100.000 euros cada mes del empresario valenciano Ángel de Cabo por traspasarle el grupo Marsans y todos sus bienes personales, por los que había acordado cobrar un total de 8 millones de euros. En el auto por el que el juez envía a prisión a Díaz Ferrán, el magistrado afirma que Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual pactaron con el empresario Ángel de Cabo traspasar "el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros al entramado de este último creando una aparente insolvencia".

Mientras que Díaz Ferrán cobraba los 100.000 euros mensuales acudiendo "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo, Aszendia, Pascual "no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual.

Díaz Ferrán lo niega
Por su parte, el expresidente de la CEOE ha negado al juez que tenga bienes en el extranjero o dinero en paraísos fiscales y ha descargado las responsabilidad de la gestión de la empresa de transporte por carretera Trapsa en su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio.

Según han informado fuentes jurídicas, Díaz Ferrán ha rechazado cualquier responsabilidad en la supuesta trama que pretendía el vaciamiento patrimonial de Marsans para evitar pagar a los acreedores y ha negado haber incurrido en conductas delictivas. Así, ha apuntado que vendió Marsans al empresario valenciano Ángel de Cabo por la crisis y que posteriormente se desentendió del grupo, aunque la Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento de la compañía, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario.

Díaz Ferrán ha señalado que sus únicos bienes en el extranjero son dos apartamentos en Nueva York y ha reconocido que había intentado vender algunos de sus bienes porque preveía que se los iban a embargar.

Además de Díaz Ferrán y De Cabo, entre los detenidos que han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha del empresario valenciano en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique. También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez.

Simuló su insolvencia
El juez Velasco también afirma que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán simuló su insolvencia patrimonial pese a pactar con De Cabo un sueldo mensual de 100.000 euros por el traspaso de sus bienes y del grupo Marsans, hasta un total de 8 millones.

Según el auto Díaz Ferrán y Pascual urdieron una "trama" con De Cabo para traspasar "el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros al entramado de este último, creando una aparente insolvencia".

El juez insiste en que la insolvencia de Díaz Ferrán y Pascual no era real porque pactaron cobrar de De Cabo 100.000 euros mensuales hasta un total de 8 millones de euros cada uno, lo que sólo se cumplió en el caso del expresidente de la CEOE.

Así, mientras que Díaz Ferrán cobraba acudiendo "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo, Pascual "no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".

El juez deja constancia que "el móvil que explica su actividad delictiva dolosa" era la ocultación de patrimonio y "el apoderamiento definitivo económico para frustrar el derecho de crédito de sus más de 10.000 acreedores".
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