cabecera
    16 de septiembre de 2014

Pone especial énfasis en la "difícil conciliación" de la cadena perpetua revisable

El Consejo General del Poder Judicial califica de inconstitucional la reforma penal del ministro Gallardón

Un informe hecho público este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declara inconstitucional algunos puntos de la reforma penal puesta en marcha por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, como la cadena perpetua revisable. De este modo, el órgano, a través de la vocal Margarita Robles, insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a reflexionar sobre el proyecto.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles ha emitido un informe en el que considera inconstitucional la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fundamentalmente en lo que se refiere a la prisión permanente revisable.

También critica la nueva regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, y lo que "suscita mayores recelos es la custodia de seguridad", regulada "como una medida privativa de libertad a cumplir" tras la pena de prisión, lo que también "resulta de una cuestionable inconstitucionalidad".

Según el informe, al que ha tenido acceso Efe, "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable" con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.

Recuerda en este sentido que "las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social" una vez cumplida la condena, "lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable".

Destaca que en su día el legislador impuso que las penas de la Corte Penal Internacional "no excedieran de la máxima admitida por nuestra legislación, a efectos del cumplimiento de tales penas en España", ya que "la reclusión a perpetuidad prevista en el catálogo de penas recogido en el Estatuto de la CPI no se consideró compatible" con la Constitución española.

A su juicio, introducir esta medida "en el catálogo de penas privativas de libertad, reformar el actual sistema de medidas de seguridad y modificar el régimen jurídico establecido para la continuidad delictiva debería limitarse a dejar constancia de las razones de oportunidad que le han llevado (al legislador) a proyectar estas medidas, sin ampararse en el pretexto de mejora del funcionamiento e imagen de la Administración de Justicia".

Según Robles, la Justicia "precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales".

Por ello propone reflexionar "sobre la conveniencia de establecer un régimen diferenciado sobre la base exclusiva de la singularidad del delito cometido".

Desaconseja "mantener una regulación diferenciada -más severa- para los delitos vinculados con el terrorismo, y en consecuencia se sugiere establecer un régimen jurídico uniforme para todos los delitos castigados con prisión permanente revisable".

Respecto a las medidas de seguridad privativas de la libertad para los delincuentes considerados peligrosos, critica que se acumulen a la pena y se elimine el sistema actual que permite abonar a las penas, en caso de ser condenado a prisión, el tiempo de cumplimiento de ese tipo de medidas.

Además no se ha establecido un límite máximo de duración de esas medidas, "lo que conduce a un sistema de medidas de seguridad de duración indeterminada y no previsible, sin un control cierto y claro".

La custodia de seguridad se impondrá por contra tras la pena de prisión, y "aunque la ley fija una duración máxima" de diez años, tras ella "se impondrá de modo obligatorio la medida se seguridad de libertad vigilada, que puede llegar a ser ilimitada"

También muestra su oposición a la nueva regulación del delito de lesiones que exige denuncia previa para la persecución de lesiones de menor entidad o malos tratos, "lo que resulta inaceptable en atención al bien jurídico protegido, significando un retroceso de lo que es la afirmación del monopolio estatal frente a la violencia" y cree que debe ser suprimido ese requisito.

En cuanto a la reforma del delito de atentado para introducir en el "aquellos comportamientos que, en un contexto principal de resistencia pasiva, presentan algún episodio de violencia activa de carácter leve", supone "equiparar comportamientos cuya gravedad es desigual".

Sobre la nueva regulación de la suspensión de condenas (por enfermedad o por cometer delitos por adicción a las drogas) y la libertad condicional, Robles cree adecuada "la pretensión de crear un sistema de suspensión de pena único", pero considera que "queda en un simple desideratum" que debe concretarse "con mayor precisión".

Echa de menos "la articulación de un trámite en el que sea oído el penado y su abogado, el ministerio fiscal y demás partes acusadoras si las hubiere" y califica de "acierto" que esa suspensión se acuerde "en sentencia siempre que sea posible".

También considera "positivo" el requisito de cumplir con la responsabilidad civil para obtener la suspensión de la condena en función de la "capacidad económica", pero "parece que sería preciso fijar" un plazo para el cumplimiento de ese pago, ya que de no ser satisfecho se revocaría la suspensión.

Sin embargo, en la reforma se ha omitido la obligación de no cometer delito en el plazo de la suspensión, por lo que Robles recomienda que se subsane.

El informe de Robles será elevado ahora a la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ para su debate, tramitación en la que puede sufrir modificaciones antes de llegar al Pleno, donde se determinará su aprobación o no.
Compartir en Meneame