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    3 de septiembre de 2014

Al paso

[i]Una visión académica de nuestro sistema constitucional[/i]

Es frecuente que en el campo que profesionalmente cultivo la doctrina académica se aferre en exceso a la jurisprudencia constitucional de manera que, en muchas ocasiones, la producción de los profesores no pase de ser un comentario o crítica a lo que el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en sus fallos. Esto, todo hay que decirlo, tiene su explicación que reside, más allá de la dificultad de explorar nuevos caminos, en la calidad de la fundamentación de las sentencias en cuestión. Así puede merecer la pena, reparar en algunos problemas a los que no ha alcanzado la mirada de la jurisprudencia constitucional y sobre los que en cambio se dirige cuidada atención en el libro que ha coordinado el profesor de la Universidad de Valladolid Javier Matia (Pluralidad de ciudadanías, nuevos derechos y participación democrática), al que se refiere este comentario.

En el libro en cuestión un primer objetivo es analizar la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos en relación con las demandas interpuestas por ciudadanos españoles en los últimos años. Este propósito reviste interés de acuerdo con la significación que nuestra Constitución da a los fallos de las instancias internacionales en relación con tal materia, cuya doctrina sirve de base necesaria a la interpretación de la propia declaración de derechos de la Norma Fundamental. Además es de prever que la oclusión de la vía de amparo para la protección de los derechos fundamentales, de acuerdo con la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuando su lesión no tenga trascendencia constitucional, incrementará la solicitud de protección del Tribunal de Estrasburgo en el futuro. De la doctrina que se desprende de los cerca de 86 fallos analizados resultan interesantes, a mi juicio, dos cosas. Primero, la preocupación del Tribunal por la suerte efectiva de los derechos cuya vulneración se denuncia ante él, lo que lleva a tal instancia a controlar la actuación de la administración, por ejemplo la policía, en la protección de los mismos. Y segundo, la carencia de deferencia del Tribunal respecto de la actuación del legislador o la Administración en relación con la guarda de los derechos, solicitándose por su parte, si fuera el caso, reformas normativas o mejoras en la actuación de Administración, encareciéndose por ejemplo un comportamiento más eficaz de ésta que tenga que ver con las privaciones de libertad o el derecho de propiedad.

Otro capítulo interesante del libro se refiere al derecho antidiscriminatorio europeo, que mira a la Unión, pero también se ocupa de los problemas de trasposición de las directivas sobre igualdad. En estos momentos de crisis europea, conviene reparar en que la base de la Unión política sigue siendo la comunidad jurídica que la constituye. Lo que se hace en el libro que comentamos es un aporte al afinamiento categorial en el campo de la igualdad que el derecho de los Estados en la materia debe tener en cuenta a la hora de su regulación. Así se elucidan correctamente los supuestos de discriminación, se describen las prácticas discriminatorias prohibidas, o se reflexiona adecuadamente sobre las acciones positivas a favor de las minorías. Especial atención ha de prestarse a las medidas de discriminación inversa o acciones positivas fuertes, pues, como se señala en el libro, la ventaja que deparan a la minoría desfavorecida produce un trato jurídico diferente y peor a uno o varios miembros del grupo mayoritario. Por ello tales actuaciones requieren base legal, se trata de medidas transitorias y han de admitir excepciones en razón de determinados méritos.

Por lo que hace al estudio del Estado autonómico dos trabajos suscitan el interés del lector. En el primero dedicado al desempeño por parte de los parlamentos autonómicos de la función del control respecto de sus gobiernos, se resalta que el mantenimiento de la forma democrática en nuestro sistema depende de que el ejercicio del poder respecto de las materias que ahora son competencia autonómica se lleve a cabo, como ocurre en el escenario nacional, en los escenarios territoriales en términos eficientes. Como el control del gobierno en los parlamentos autonómicos es menos lucido dado su escueto objeto, han de tomarse medidas para que, por su parte, destaque, frente al llevado a cabo en la Cortes nacionales, por su utilidad y eficacia. Ello supondrá reforzar el papel de la oposición, dándole preferencia a su iniciativa en las preguntas o interpelaciones, atribuyéndole la presidencia de las comisiones o la oportunidad de cierre de las intervenciones de control, etc.

En el libro se contiene finalmente un capítulo sobre el referéndum autonómico de indudable pertinencia en estos momentos. No encuentro en dicho trabajo ilustración sobre la naturaleza del referéndum consultivo del artículo 92 CE por si pudiese utilizarse para eludir la prohibición implícita de referéndums de autodeterminación. Pero si que se da contestación a la pregunta de si el parlamento catalán puede en términos constitucionales aprobar una ley de consulta que se ocupe de los referéndums y que permita su celebración sin requerir la autorización del Estado que exige el artículo 149.1. 32 CE. Según la doctrina del Tribunal Constitucional la Generalitat no tiene competencias sobre la regulación del referéndum, (esto es, la consulta sobre un asunto político relevante al cuerpo electoral, con las formalidades y garantías de un proceso electoral regular).De modo que la competencia asumida sobre consultas populares en el Estatuto de Autonomía no cubre el referéndum.
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