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    1 de noviembre de 2014

Reforma educativa, convocatoria de referéndum...

¿Qué consecuencias supondría el que Artur Mas cumpliera sus amenazas?

En las últimas semanas, antes y después de las elecciones catalanas, Artur Mas, presidente de la Generalidad en funciones, ha endurecido su discurso y ha lanzado varios órdagos al Estado en diversas materias. Si cumple con sus amenazas, que van desde el boicot a la reforma educativa que prepara el ministro Wert, pasando por la celebración de una consulta soberanista en 2014, hasta el incumplimiento del déficit, ¿qué consecuencias jurídicas, políticas y civiles traerían consigo?
Para unos, Artur Mas es un rebelde, un insumiso, un aprovechado de la política catalana. Para otros, especialmente en Cataluña, el presidente en funciones de la Generalidad es un revolucionario, un visionario, un libertador por la causa. La historia nos deja decenas de casos, desde el filmográfico William Wallace hasta el mitificado Ernesto 'Che' Guevara, de personajes que creyeron luchar por unos ideales y llevaron sus actos hasta las últimas consecuencias.

Si bien es improbable que Mas recurra a los violentos extremos en los que sí se vieron envueltos el héroe escocés o el guerrillero argentino, lo cierto es que el pulso político, institucional y hasta jurídico que el presidente le está echando al Gobierno de Mariano Rajoy promete traer cola en los próximos meses y, con la ley en la mano, pocos son los que se atreven a vaticinar unas consecuencias positivas para él o para su causa.

En apenas unas semanas, con la campaña electoral y los consiguientes comicios autonómicos como telón de fondo, el líder de CiU, aupado por su formación y con el respaldo de algunos grupos regionalistas, se ha rebelado contra el Estado y ha amenazado con boicotear la reforma laboral que prepara el Ministerio de Cultura de José Ignacio Wert, ha fechado en 2014 la consulta soberanista y ha hecho pública su intención de incumplir el techo de gasto fijado por Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, responsables de Hacienda y de Economía respectivamente.

En cualquier otro ordenamiento jurídico, tal rebeldía por parte de un jefe de Gobierno regional conllevaría graves sanciones e incluso una posible y fulminante destitución, pero la maraña del sistema español, donde la Constitución, el Código Penal, el Estatuto catalán y otra media docena de textos legales conforman una encrucijada burocrática, hace que sea muy complicada la interpretación hasta para los propios especialistas.

De siete a diez años de cárcel
Quizás, el frente que más fácil y evidente solución tiene es el de la intención del Ejecutivo catalán, apoyado esta misma semana por ERC, de convocar una consulta popular vinculante sobre el futuro soberano de Cataluña.

En el artículo 148 de la Constitución se establecen las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. En dicho apartado no figura en ningún caso, ni tampoco lo hace en el Estatuto catalán, los dos textos de referencia a los que se agarra Artur Mas para convocar su consulta dentro de año y medio, la posibilidad de que un Ejecutivo regional pueda llevar a cabo de manera unilateral un referéndum independentista vinculante.

En este punto, la Carta Magna es clara en cuanto a las consecuencias de llevar a cabo tal consulta en el articulo 155, una vía "extraordinaria y excepcional", según los propios juristas: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".

Pero, ¿hasta dónde podría llegar Mariano Rajoy con ese "cumplimiento forzoso" que menciona la Carta Magna? Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, confirma, en declaraciones a EL IMPARCIAL, que "en caso de llegar hasta este extremo, y tras haber advertido al presidente de turno y con el visto bueno de sendas Cámaras, todas las competencias transferidas a Cataluña serían absorbidas por el Estado, desde la administración regional, la seguridad o el funcionariado, todas".

En este escenario tampoco es descabellado que la Abogacía del Estado o la maquinaria legal del Gobierno se pusiera en marcha para acusar a Mas, en base al artículo 404 del Código Penal, de prevaricación, ya que en él se estipulan penas de entre siete y diez años de prisión "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

Sin embargo, desde la sede de CiU se señala a este periódico que la intención de la propuesta "es dotar de voz y forma a una iniciativa que está ahí, que es mayoritaria y que no debe ser coartada por ninguna fuerza política o institución". Además, sobre las posibles consecuencias de producirse tal consulta se responde desde las filas convergentes con un escueto "ya veremos".



Solidaridad sí, solidaridad no
Por otra parte, el Gobierno catalán también ha comunicado en varias ocasiones a Madrid que no piensa cumplir con los objetivos de déficit fijados para los próximos ejercicios por considerarlos "irreales" o "injustos", entre muchos otros calificativos.

La crisis ha obligado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cerrar el grifo de las autonomías y a imponer durísimos recortes y ajustes presupuestarios para poder cumplir con los requisitos que Bruselas nos exige.

De este modo, las Comunidades Autónomas han tenido que apretarse el cinturón y deberán hacerlo aún más en los próximos ejercicios, siempre bajo el principio constitucional de solidaridad entre regiones, algo que Mas ya ha dicho que no está dispuesto a hacer a pesar de haber solicitado una ayuda de 5.433 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico.

En el grave contexto de crisis económica por el que atraviesa España, el Gobierno se ampara en el artículo 149, apartados 13 y 14, para imponer este techo de gasto, ya que en ellos se señala que son competencia exclusiva del Estado "las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica", así como "la Hacienda general y Deuda del Estado".

Asimismo, en el artículo 135, reformado en el verano de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hace referencia a la estabilidad presupuestaria del Estado y al techo de gasto autonómico, que no podrá ser superado, tal y como se recoge en el apartado segundo.

Sin embargo, se dejaron las posibles sanciones de su incumplimiento para la elaboración de una Ley Orgánica posterior que aún no se ha desarrollado,"por lo que está por ver qué pasaría si Cataluña no se ciñe a lo estipulado", sostiene Murillo.

En este sentido, Asunción de la Iglesia, experta en Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, pone especial énfasis en el caos jurídico que rodea a este tipo de asuntos. "Uno de los gravísimos problemas de articulación Estado-Comunidades Autónomas es la ausencia de instrumentos adecuados y efectivos de control para garantizar el cumplimiento del Derecho del Estado en las Comunidades Autónomas", sostiene a EL IMPARCIAL la profesora, que también denuncia "que la remisión a los jueces del problema no es una buena solución, pues es tardía y tampoco siempre es efectiva".



El catalán, un viejo caballo de batalla
La tercera caja de Pandora que ha abierto el presidente de la Generalidad ha sido la tajante negativa a acatar la ley que prepara el Ministerio de Educación por la que el catalán se equipararía al castellano como lengua vehicular en los centros escolares, algo que debería ser un derecho constitucional pero que en la práctica no se aplica.

En la actualidad, los alumnos matriculados en los centros públicos de Cataluña reciben clases en la lengua cooficial, siendo el castellano relegado a una asignatura optativa o a centros de carácter privado. Lo que pretende la reforma impulsada por el ministro Wert, calificada de "imprescindible" por Mariano Rajoy, es que los padres de cada alumno elijan en qué idioma quieren que sea instruido su hijo, sin marginación del otro.

"Es un derecho lógico y válido y en este caso no hay más que remitirse a la importante y abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que identifica a ambas como lenguas vehiculares; no entiendo este reduccionismo lingüístico impulsado por la Generalidad, no viene a cuento", afirma Murillo a este periódico.

A diferencia de los dos escenarios anteriores, el de la consulta soberanista y el incumplimiento del déficit público, en caso de que Cataluña decidiera no acatar la reforma educativa todo parece indicar que se abriría un largo periplo por las salas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo con resultado muy incierto.

Si bien la jurisprudencia es clara en este sentido, el sistema normativo español adolece de claridad y tanto la Carta Magna como el Estatuto catalán recogen referencias muy amplias en este sentido "a las que podrían acogerse tanto unos como otros", afirma el profesor de la Universidad San Pablo-CEU.

Por lo pronto, la consejera de Educación de la Generalidad, Irene Rigau, confirmaba esta misma semana que su Gobierno impondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional si no se modifica la propuesta de reforma, que va ya por su tercer borrador, al señalar que las competencias de Cataluña "están siendo vulneradas".

Tanto desde la Abogacía del Estado como desde el Alto Tribunal, en sendas conversaciones con este periódico, se guarda prudencia y esperan a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para pronunciarse de manera oficial. Por su parte, De la Iglesia cree que todo este debate es más de naturaleza política que jurídica y sostiene que las consecuencias no están previstas y tampoco se cuenta con antecedentes de tamaña gravedad para poder vaticinar lo que sucedería si Mas sigue apostando por la vía de la rebeldía.

Lo que está claro es que nada bueno se le avecina a Mas en caso de continuar con este pulso al Estado y las consecuencias para su Administración y para su persona pueden resultar gravísimas e imprevisibles.
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