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    31 de julio de 2014

Torres-Dulce, en contra; De Rosa, a favor.

División de opiniones en torno a la aplicación de las tasas de judiciales

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que "algunas" de las nuevas tasas judiciales que han entrado en vigor este lunes son "excesivas" y "deben considerarse" porque podrían "dificultar el acceso a la Justicia". Por su parte,
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que algunas de las tasas judiciales, sobre todo en el sistema de recursos, le parecen "excesivas".

En declaraciones a la cadena Ser, Torres-Dulce ha señalado que le hubiera gustado que la ley de tasas judiciales hubiera pasado a informe de la Fiscalía y del Consejo Fiscal para dar su opinión sobre esta norma, como lo hicieron el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "nos afecta a todos".

Ha aventurado que, "en algún caso, las tasas pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la justicia", al tiempo que ha estimado que probablemente habrá cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces porque algunas de estas tasas desbordan la posición fijada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002.

No obstante, el fiscal general del Estado se ha mostrado partidario de la existencia de tasas judiciales con el objetivo de recaudar dinero para que el servicio público de la Administración de Justicia tenga una vía propia para hacer frente a sus necesidades y que no todos los contribuyentes reciban el impacto de las tasas judiciales.

Al ser preguntado por la huelga de jueces, Torres-Dulce ha indicado que esta medida no es "impensable" porque está en el horizonte de las asociaciones del sector y ha agregado que respeta esa situación, pero no la comparte.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se ha manifestado a favor de las nuevas tasas judiciales, aunque ha matizado que "algunas cuantías" deberían ser objeto de revisión para ajustarlas "a la realidad social".

El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces ha asegurado que coincide con los informes de la junta de jueces decanos y de alguna asociación, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en que "las tasas van a cumplir una función positiva" y ha recordado que el Tribunal Constitucional también dijo en su día que el concepto de tasa era constitucional.

No obstante, ha considerado que junto a las tasas hay que potenciar "la mediación" para que los ciudadanos puedan utilizar esos mecanismos y evitar acudir a los tribunales de justicia. Por ello cree que el debate "debe centrarse en las cuantías, que están un poco desfasadas", y ha considerado que esa revisión es posible "con consenso y negociación".

En cuanto a las tasas que, a su juicio, deberían revisarse, ha señalado "algún tipo de recurso que debería aquilatarse", principalmente el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo coste se eleva a 1.200 euros.

El portavoz del grupo socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, ha denunciado el "ataque sin precedentes en democracia" que ha supuesto el "tasazo o copago" judicial, y que conllevará a su juicio una Justicia para ricos y otra para pobres.

Tras recordar que el PSOE recurrirá la ley de tasas ante el Tribunal Constitucional (TC), el diputado socialista ha recalcado que ese proyecto supone que haya "ciudadanos de primera y de segunda, una justicia para ricos y otra para pobres, y es un ataque sin precedentes en nuestra democracia a la tutela judicial efectiva".

Por lo pronto, La asociación de gestión de multas DVuelta ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la orden que regula el pago de las tasas judiciales.

DVuelta ha informado en un comunicado de que el recurso pide al Supremo que anule la orden, que plantee cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional sobre la ley de tasas, así como cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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