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    2 de octubre de 2014

por 20 delitos contra 20 presuntos dirigentes de la trama

Una imputada de la mafia china se querella contra el juez Andreu y dos fiscales

El Tribunal Supremo ha dado traslado al Ministerio Fiscal de la querella presentada por una imputada en la trama de blanqueo de capitales, desarticulada en la 'operación Emperador', para que informe sobre la competencia del alto tribunal y la procedencia de actuar contra el juez Fernando Andreu y los dos fiscales del caso, José Grinda y Juan José Rosa, por prorrogar "ilegalmente" su estancia en prisión y la de otros 19 presuntos dirigentes de la red criminal.
Según informaron fuentes jurídicas, el alto tribunal ha remitido la querella al Ministerio Público para que informe sobre si los hechos revisten caracteres de delitos cometidos por funcionarios públicos contra la libertad individual, como sostiene la querella interpuesta por la defensa de Xiaoshuang Zhu.

La querella atribuye a los demandados la comisión de un delito tipificado en el artículo 530 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años".

El escrito, que se encuentra en la Sala de Admisión de Causas Especiales y cuya ponencia ha correspondido al magistrado Juan Saavedra, entiende que el juez de la Audiencia Nacional y los dos fiscales de Anticorrupción prorrogaron "ilegalmente" la estancia en la cárcel de 20 imputados en la trama de blanqueo de capitales y la evasión fiscal, entre los que se encuentra su máximo cabecilla, Gao Ping.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, atribuye al juez instructor y los fiscales Anticorrupción la comisión de 20 delitos contra la libertad individual por ordenar su encarcelamiento cuando ya había expirado el plazo legal de 72 horas previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prorrogar esta situación durante ocho días después de que el auto de prisión fuera anulado por la Sala de lo Penal.

Según esta parte, el juez y los fiscales "se concertaron" y se valieron de "artimañas procesales" que les permitiesen "paliar o tratar de paliar lo que a todas luces era irremediable y además escandaloso ante la opinión pública", en alusión a la puesta en libertad de los 20 imputados, que se acordó el pasado 29 de noviembre.

Intervención de los correos
La querella, que solicita que se proceda a la intervención de los correos electrónicos del juez y los fiscales para comprobar si se concertaron para prolongar la prisión de los imputados tras conocer el auto de la Sala, denuncia el "más absoluto desprecio intelectual y jurídico" de Andreu por el criterio de la "superioridad" y considera que su actitud es "inaudita para un abogado, un fiscal o un juez, quienes deben con humildad asumir las resoluciones dictadas por nuestros tribunales".

Andreu se vio obligado a adoptar esta decisión después de que el día 22 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenara la "inmediata" puesta en libertad de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal. Al día siguiente ordenó la excarcelación de otros tres imputados más por los mismos motivos.

En su auto, la Sección Tercera argumentaba que el arresto de los presuntos miembros de la trama se produjo el 16 de octubre, por lo que al tratarse de una "detención judicial" y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas. Sin embargo, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que no fueron enviados a prisión hasta los días 19 y 20. El juez se hizo "responsable" de la situación aunque manifestó que a partir del día 18 cesaron todas las diligencias policiales.

Incidentes de nulidad
A partir de ese momento, los fiscales Anticorrupción presentaron incidentes de nulidad contra los autos de la Sala aun sabiendo, según la parte querellante, que se trataba de "un mecanismo inviable procesalmente" que también fue inadmitido por el tribunal. De igual modo, la defensa de Xiaoshuang Zhu critica el "empecinamiento" del juez instructor al no fundamentar en el auto de libertad la imposición de una medida cautelar tan "grave y singular" como la obligación de realizar comparecencias diarias en la Audiencia Nacional.

Además de Gao Ping, la Sala ordenó la puesta en libertad de otros destacados dirigentes de su trama, entre los que se encontraban su esposa, Lizhen Yang; su lugarteniente, Wei Lin; y el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li.
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